A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:
POLÍTICA
La segunda semana de noviembre comienza influida por la alegría generalizada generada por los Juegos Panamericanos que concluyeron ayer por la noche y por el alto apoyo ciudadano: más de 1,4 millones de entradas vendidas -lo que los convierte en el torneo panamericano con mayor asistencia de la historia-, una alta aprobación ciudadana y un nuevo referente social: Fiu, la mascota del evento.
Ya en lo propiamente político, y concluida la luna de miel deportiva, el gobierno enfrenta varios desafíos relevantes: Desde la recepción del nuevo anteproyecto constitucional (análisis en acápite correspondiente), hasta lograr controlar y gestionar la crisis de educación en Atacama. En el caso del conflicto educacional, el gobierno no ha logrado desactivar el paro de profesores que suma sobre 60 días ni generar una mesa de negociación efectiva que le permita abordar las diferentes aristas políticas del problema. Independientemente de los aspectos legales y penales que están siendo investigados por el Ministerio Público, el gobierno no ha logrado un acuerdo con el colegio de profesores que permita retomar clases e intervenir el Servicio Local de Educación de Atacama, para subsanar las fallas e implementar un plan de mejora. Esto, nuevamente, ha abierto un flanco que permite a la oposición -que en su momento estuvo en contra de la ley de SLEP- atacar la falta de acción del Ministerio de Educación que, además, esta semana enfrenta un paro de sus funcionarios.
Junto a esta crisis, La Moneda enfrenta tres hechos claves esta semana: el voto del veto a la ley de usurpaciones en la Cámara de Diputados, la asistencia del jefe de asesores, Miguel Crispi, a la comisión investigadora del caso convenios y la cita del Presidente Gabriel Boric con el embajador de Chile en Israel. El voto del veto se realizará, primero, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara mañana martes y, una vez que sea revisado, pasará a la sala. Se espera un fuerte debate y una votación muy compleja para el gobierno ya que la oposición anunció en bloque el rechazo a las indicaciones -buscará insistir en la versión aprobada originalmente- y porque el Partido Comunista no ha definido cómo votará, ya que mantiene su posición de no incluir penas de cárcel por considerarlas la criminalización de la protesta social.
En el caso de Miguel Crispi, luego de que el gobierno dilatara la asistencia buscando evitar ataques directos a uno de los personajes claves de La Moneda y del Frente Amplio, debido a la fuerte presión política y a los planteamientos de la Contraloría, no le quedó otra alternativa que asistir este lunes a la comisión. En su comparecencia, Crispi reconoció que el Presidente Boric se enteró del caso el 07 de junio, nueve días antes de que el caso fuera denunciado por el medio antofagastino Timeline.
Ya en el ámbito de las relaciones internacionales, el Presidente Boric recibirá al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, luego de que lo llamara a consultas, para que le informe sobre el conflicto entre Israel y Hamás que ya deja más de mil muertos en Israel y más de 10 mil en Gaza. Es importante recordar que Chile ha protestado en varias instancias por la invasión a Palestina por ser una respuesta desproporcionada al ataque de Hamás y que el gobierno tiene relaciones muy tensas con el embajador de Israel en Chile, por lo que la asistencia a la Moneda de Carvajal debe ser leída como una señal política relevante hacia ese país hebreo, en momentos en que su embajada citó hoy a una proyección de imágenes del ataque a líderes de opinión chilenos y a una posterior conferencia de prensa.
También en el frente internacional, hoy se abrió un potencial Issue para el gobierno, luego de que se informara que siete atletas de la delegación cubana desertaron de la delegación y están inubicables. El gobierno, a través del subsecretario del Interior, informó que no han pedido asilo u otra medida de protección y que su visa de turistas les permite estar en Chile por 90 días.
PROCESO CONSTITUCIONAL
Este martes, en una ceremonia que se realizará en el salón de honor del ex Congreso Nacional, el Presidente Boric recibirá oficialmente el texto de la nueva propuesta de Constitución. Con este hito, el siguiente paso es la convocatoria a plebiscito y el inicio de la campaña. Para el acto existe una alta expectación porque La Moneda no ha definido su posición respecto del plebiscito, aunque se espera que el Presidente continúe manifestando su prescindencia y se centre en aspectos relacionados con la unidad de Chile y la promoción de la participación ciudadana.
En lo referido a la posición de los partidos, la mayoría ya ha definido su posición para el plebiscito. Por el a favor, ya han explicitado su posición el Partido Republicano, Renovación Nacional y Evópoli. La UDI definirá su posición hoy, aunque no hay ninguna duda que se definirá por esta opción. Por la opción de aprobar también están los partidos Demócratas y Amarillos.
Por el en contra, ya se han definido los partidos Por la Democracia y Socialista, en Apruebo Dignidad, y el Partido Comunista, el Frente Regionalista verde Social y los que integran el Frente Amplio en Apruebo Dignidad.
Entre hoy y mañana los restantes partidos realizarán consultas o sesiones para definir su postura. Se espera que tanto el Partido Radical como la Democracia Cristiana se inclinen por el rechazo, mientras que existen dudas de qué posición adoptará finalmente el Partido de la Gente, el que realizará una consulta digital.
En términos de los expresidentes, Ricardo Lagos ya anunció su voto en contra, mientras que se espera para estos días la definición de Michelle Bachelet y Eduardo Frei. Sebastián Piñera, en tanto, ya planteó su apoyo al a favor.
ECONOMÍA
En economía, la discusión presupuestaria comienza una fase clave esta semana, ya que mañana martes en el Congreso la Comisión Especial Mixta de Presupuestos iniciará el análisis de las partidas que ya fueron visadas por las cinco subcomisiones mixtas de presupuestos. El foco estará principalmente en el escaso margen de gasto que el Gobierno deja para los próximos años (al tiempo que caen los ingresos), y en el análisis de los permisos pendientes para la inversión de seis instituciones públicas críticas para el desarrollo de la inversión: la Dirección General de Aguas (DGA) (que tendría un alza de presupuesto de 17,8%), el Consejo de Monumentos Nacionales (que tendría un aumento de presupuesto de 17,4%), o el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) (que tendría una variación del 4,9%).
En este contexto, las preocupaciones económicas estarán también puestas en la tasa de cambio del dólar, que luego de cerrar la semana pasada con un derrumbe de casi $60 pesos, esta mañana seguía cayendo en el mercado cambiario local para ceder $2,97 pesos y estacionarse en puntas de $874,03 vendedor y $873,67 pesos comprador. Los analistas tampoco esperan que las bajas se detengan pronto, considerando un cúmulo de factores que están ejerciendo presión; como el precio de los futuros de cobre, que muestra impulso y alcanza su mayor valor en poco más de un mes, y el debilitamiento del dólar a nivel internacional frente a las principales monedas del mundo.
De cualquier forma, también será parte de las preocupaciones que deberá abordar esta semana el gobierno el último Boletín de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que esta mañana reveló que la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,7% durante el trimestre julio-septiembre de 2023, es decir quienes trabajan de forma dependiente, pero sin acceso a seguridad social por su vínculo laboral, ya son 14 mil trabajadores. Esto tras disminuir 0,4 puntos porcentuales en comparación con igual período de 2022.
A esto se suma el debate en torno a la “emergencia laboral no declarada” que vive el país según expertos, luego de que la última encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas revelara que la situación del mercado laboral fue prácticamente idéntica a la de hace un mes: La tasa de desocupación continúa en rangos altos a nivel país (8,9%), alcanzando el 9,6% en la Región Metropolitana. Las estadísticas son particularmente preocupantes entre las mujeres, las que a nivel nacional registran una desocupación del 9,2%. La situación mantendrá abocado al Ministerio de Economía a la búsqueda de medidas para impulsar el mercado laboral y, al menos, retornar a los niveles de ocupación existentes antes de la pandemia.
Cabe recordar como contexto el desempeño que mostró la economía chilena en el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre, que el jueves pasado anotó una nula variación en relación al mismo mes del año pasado -la serie desestacionalizada anotó un aumento de 0,6% respecto del mes precedente y creció 0,2% en doce meses-. Esto, porque para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la cifra ratificó “que la economía chilena va en un camino de reactivación”, anticipando que “el cuarto trimestre de este año va a volver a ser positivo”.
Relacionado al pacto fiscal en sí, luego de que jueves se reunirá el Ministerio de Hacienda con los partidos con representación política en búsqueda de lograr un consenso para apurar las materias administrativas y legales para acelerar la aprobación de permisos y dar más incentivos al crecimiento y la inversión, esta semana se podría dar a conocer el cronograma oficial para la tramitación de los distintos proyectos de ley que dan vida al pacto fiscal. En esta última reunión Hacienda se abrió a cambios en Norma Anti elusión y hoy analiza una serie de incentivos a la regularización de capitales en el extranjero.
En línea con la reactivación, será tema esta semana la empresa internacional con accionistas chilenos, estadounidenses y alemanes; HIF Global, que la semana pasada ingresó a trámite proyectos de hidrógeno verde por US$ 1.400 millones en Magallanes, siendo la primera exportación comercial de combustible carbono neutral. Son 24.600 litros de gasolina sintética producida en la planta demostrativa Haru Oni, cerca de Cabo Negro, en Magallanes, y en la que invirtieron US$ 78 millones. Según el CEO César Norton, el hito es solo el comienzo de un plan mayor en Chile, donde tienen una cartera de proyectos por US$ 35 mil millones que promete revolucionar el mercado de los combustibles y, de paso, lanzar a Magallanes como polo de desarrollo del H2V.
Otro tema que seguirá en la palestra en el marco del debate de la Ley de Presupuestos, tiene que ver con la licitación de 20 mil viviendas industrializadas anunciada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para 2024, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, anuncio que se ha vuelto un nuevo foco de críticas al trabajo de la cartera ya que algunos actores del sector critican que esta medida los estaría «discriminando» y tiene el riesgo de fomentar «actitudes anticompetitivas» en el mercado. Esto, porque contempla una exención legal para las viviendas sociales industrializadas, eximiéndolas de parte de la «permisología» habitual que tienen las constructoras en el proceso.
Precisamente, el secretario de Economía, Nicolás Grau, afirmó que en los próximos días presentará su esperado proyecto de ley que busca alivianar la «permisología», traba que hoy se distingue como el mayor dolor de cabeza a la hora de invertir en el país. Entre las medidas ya adelantadas: estandarizar tipos de permisos sectoriales y sus procesos de tramitación, reducir los tiempos de los procedimientos y alcanzar un mejor equilibrio entre el nivel de atención previa del Estado y el riesgo de cada proyecto. También se contempla aumentar la información y transparencia en la evaluación de permisos y reducir requisitos no regulados.
Por otra parte, la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de un posible fraude a Enap por US$159,6 millones por la venta a menor precio de gas natural a la empresa de origen canadiense Methanex Magallanes, también estará en la pauta esta semana, luego de que la Contraloría detectara anomalías en los contratos y pagos y presentara una querella por «negociación incompatible» contra quienes resulten responsables. La investigación de la fiscalía apunta al ex director de Enap entre 2017 y 2018, Paul Schiodtz Oblinovich
SALUD
La primera semana de noviembre los temas de salud estarán enfocados en la tramitación de la Ley Corta de Isapres, luego que el viernes el gobierno entregara sus indicaciones al proyecto de ley que busca poner en marcha el fallo sobre tabla de factores que dictó hace casi un año la Corte Suprema y, a la vez, evitar la caída del sistema de aseguramiento privado de salud. Estas enmiendas están siendo analizadas por cada Isapre, pero en primera instancia no fueron del agrado de la industria ni de algunos miembros del comité técnico, que trabajó al alero de la Comisión de Salud del Senado.
Entre las indicaciones del Ejecutivo se considera fijar una fórmula que, al aplicar la tabla única de factores a todos los afiliados tal como lo definió la Suprema y devolver los montos cobrados por las cargas no natas y menores de dos años, lo que dejaría la deuda de las Isapres con sus afiliados en cerca de $ 900 mil millones. La cifra es más del doble que los US$ 451 millones que habían propuesto los expertos y es menor a los US$ 1.400 millones que había calculado la Superintendencia de Salud. La diferencia con el cálculo del regulador se da principalmente porque el gobierno acogió una propuesta de los expertos, la cual apunta a que desde que se apruebe la ley, la regla general será que todas las personas estén obligadas a aportar al sistema su cotización de 7% de las remuneraciones imponibles, sin generar excedentes individuales hacia futuro como sucede en la actualidad. Eso, a juicio de los técnicos, justamente reducía el pasivo en poco más de US$ 360 millones.
Por otro lado, establece que las Isapres deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago de la deuda, el cual será revisado en el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales que esta ley buscará crear de manera permanente para que asesore al regulador. En dicho plan de pago, que deberá obtener el visto bueno de la Superintendencia para su aplicación, las aseguradoras deberán definir, entre otros, el plazo para devolver los montos, el cual podrá ser de hasta diez años, tal como habían recomendado los expertos.
Sumado a lo anterior, las Isapres están enfrentando un complejo escenario no sólo por la deuda sino también con la pérdida de afiliados: en septiembre los beneficiarios del sistema (cotizantes y cargas) disminuyeron 12,7% interanual, la mayor baja en doce meses de la que hay registro en el sitio web de la Superintendencia de Salud. De esta manera, los asegurados de las Isapres terminaron el noveno mes de 2023 totalizando 2.772.695, su menor nivel desde junio de 2011. En el caso de septiembre recién pasado, la baja mensual fue de 0,84%, esto es un retroceso de 23.535 personas mes contra mes.
Otro de los puntos relevantes para esta semana, es monitorear lo que está sucediendo en el país con el Covid-19. De acuerdo al Informe de Circulación de Virus Respiratorios, del Instituto de Salud Pública, en la semana epidemiológica 42 (del 15 al 22 de octubre), la cantidad de casos reportados de Sars-CoV-2 en comparación a la misma fecha en 2022 es tres veces mayor (352 casos v/s 88), y en la semana 43, se registraron 280 (en 2022, en el mismo periodo, sólo se reportaron 98). Debido a este incremento, el Ministerio de Salud sigue con su llamado a la comunidad de inocularse con la dosis bivalente, especialmente a las personas que se hayan aplicado la vacuna hace un año, y a grupos de riesgo, y mantiene negociaciones con laboratorios para adquirir la vacuna actualizada que consideren las nuevas cepas de coronavirus. Con relación a nuevas medidas, el Colegio Médico ha solicitado el retorno de uso de mascarillas en lugares públicos como el transporte y principalmente, en los recintos de salud para que las personas junto con el tapabocas utilicen alcohol gel.
El tercer tema en revisión es lo que sucederá con el Presupuesto 2024, dado que esta semana seguirá la tramitación en comisión mixta del Congreso. Previamente, los legisladores han rechazado cuatro partidas clave como Fonasa, salud mental, la inversión sectorial y los referidos a perfeccionar los servicios de salud. Los parlamentarios argumentan que, aunque el presupuesto haya aumentado un 8% respecto a 2023, la previsión no es suficiente para enfrentar las necesidades del sector y la población. También, entre las materias en discusión están la desvinculación del personal a honorarios tras el fin de la alerta sanitaria por Covid, el término de las listas de espera y de la deuda de Fonasa.
Con relación a la actividad legislativa, la Comisión de Salud del Senado durante esta semana se enfocará en la reforma al sistema de salud y lo que sucederá con la llamada Ley Corta de Isapres. Para esta sesión se invitará a la ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera; al superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres; al director de FONASA, Camilo Cid, y al Presidente de las ISAPRES de Chile, Gonzalo Arriagada.
En tanto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retomará la discusión sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores para establecer las sanciones administrativas y penales.