A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:

POLÍTICA

La semana política comienza plena de actividades en diferentes frentes. En el ámbito del Ejecutivo, esta semana parte con las actividades de la gira China del Presidente Gabriel Boric, que busca potenciar las relaciones económicas con este país y que, en el caso de los asiáticos, continuar desplegando su influencia y sus actividades en diferentes sectores económicos. Es así como se anunció una inversión -de tamaño mediano- en un rubro que los chinos ven con especial interés, el litio, y que consiste en la construcción de una planta de la empresa Tsingshan Holding Group en Mejillones para fabricación de baterías de litio con una inversión de US$230 millones. Esta planta se realizará como parte de la Estrategia Nacional del Litio de Corfo, entidad que en su momento realizó una convocatoria internacional para inversiones de valor agregado.

Junto a ello, en el Chile Day el Presidente planteó que es la intención de Chile invitar a empresas chinas a participar activamente en la próxima licitación de 5G, anuncio que constituyó una sorpresa -calificada incluso como salida de libreto- considerando que en ocasiones previas la entrada de operadores chinos en infraestructura de telecomunicaciones ha sido fuertemente criticada por países como Estados Unidos por la creciente influencia que podría lograr China en infraestructuras críticas. Es importante recordar que como uno de los puntos relevantes de la gira, mañana el Presidente Boric se reunirá con Xi Jing Pin, secretario general del PC chino y, por ello, gobernante del país.

El segundo frente será la conmemoración del cuarto aniversario del estallido social, que será este miércoles 18. Independiente de los actos o actividades por el aniversario -y el alto flujo de declaraciones políticas que habrá- el gobierno definió un plan de contención en casos de actos de violencia que contempla un despliegue de 3 mil carabineros en Santiago y 2 mil en regiones, con foco en las principales ciudades.

Un tercer frente político es el de las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo en la tramitación de proyectos relevantes, especialmente si ellos chocan con las discusiones que se están llevando a cabo en el proceso constitucional. Uno de los temas claves en esto es el anuncio del gobierno -a través de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que además oficia como vocera estos días- que pausará la tramitación de la reforma previsional hasta después del plebiscito constitucional. Si bien planteó que no habría contradicción entre el proyecto de ley y la libertad de elección, el problema del gobierno es que aún no logra una negociación que le permita que la derecha se abra a negociar y necesariamente debe esperar el resultado para tener claridad de si la oposición se fortalece o sufre una derrota quela debilite y la obligue a negociar. En todo caso, está claro que considerando los plazos, el proyecto solo podría avanzar el primer trimestre de 2024.

En este mismo frente -y con gran presión desde los partidos de derecha- continúan las negociaciones para enfrentar la votación del veto gubernamental al proyecto de ley de usurpaciones que se ha convertido en un espacio emblemático de disputa entre el gobierno y la oposición. Es importante recordar que la suma urgencia vence pronto (aunque se puede renovar).

Un último frente político es la pronta inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizará este viernes 20 en el Estadio Nacional. Se espera que entre atletas y turistas lleguen al país más de 100 mil personas, lo que sin duda pondrá a la infraestructura de la capital en una prueba compleja. Para enfrentar esta actividad -por lejos la más relevante socialmente en varias décadas- se ha definido un plan de transporte y seguridad especial.

PROCESO CONSTITUCIONAL

Luego de que la Comisión Experta no lograra acuerdos en varias materias en disputa, esta semana el anteproyecto vuelve al Consejo Constitucional, que debe votar las más de 200 indicaciones introducidas por los comisionados. En esta etapa el mecanismo de votación es el siguiente: las indicaciones se aprueban por 3/5 (30 votos) o se rechazan por 2/3 (33 votos). En caso de que una indicación quede en un terreno que no logre apoyo para ser aprobada o ser rechazada, pasa a una comisión mixta, que estará integrada por 6 comisionados y 6 consejeros.

Ella tiene 5 días desde su instalación para presentar sus nuevas propuestas (las que en su interior deben ser aprobadas por 3/5. En caso de que no se logre acuerdo en las observaciones, la Comisión Experta tendrá 3 días para proponer una nueva redacción de la observación rechazada (que debe ser aprobada por 3/5 de su pleno). Una vez que la comisión mixta tenga todas las propuestas, el Consejo Pleno debe votar sus enmiendas en una votación final en la que se requieren 3/5 para ser aprobadas. Si no alcanzan ese quorum, serán definitivamente rechazadas.

Considerando los pasos que vienen, se mantienen las negociaciones considerando que la mayoría del Partido Republicano requiere del apoyo de Chile Vamos para lograr los 3/5. En esa línea, la coalición de centroderecha tiene una baza importante de negociación, aunque puede debilitarse ya que no actúa en bloque. Los temas que deben resolverse en esta nueva etapa están relacionados con algunos temas claves como el rol del Estado, la libertad de elección en temas de seguridad social, fin a contribuciones, normas valóricas y otros aspectos de organización política.

ECONOMÍA

En economía, el dólar será tema ante la alerta del mercado por las probabilidades de que se acerque cada vez más a los $1000 pesos, empujado por el enfrentamiento en Medio Oriente, el dato inflacionario de Estados Unidos -que no cumplió con las expectativas- y el débil precio del cobre. Hasta ahora, comenzó la semana registrando una mínima baja y sigue estando muy cerca de los $940. A las 10 de la mañana la tasa de cambio en el país presentaba una leve baja de $0,78 pesos, cotizando en puntas de $937,82 vendedor y $937,33 pesos comprador.

De hecho, el viernes el Ministerio de Hacienda tuvo que retomar la venta de dólares ante el riesgo de que la tasa de cambio superara los $950 peso, por lo que finalmente vendió US$150 millones, lo que fue considerado como el responsable de que no aumentara más (esta cifra es justamente, el tope diario que se autoimpuso la cartera en su programa que funcionará hasta diciembre, con un máximo de US$ 2.000 millones mensuales).

En este escenario, seguirá haciendo eco la cifra revelada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de que Chile decrecerá un 0,5% en 2023. No obstante, habría una recuperación el próximo año. Precisamente fue la estimación 2024 del FMI la que llamó la atención en el mercado luego de la presentación de Hacienda del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, en la que el gobierno estimó un crecimiento en el escenario base de 2,5%, superior en casi un punto a la estimación del FMI y también por encima de la ya optimista proyección del Banco Central en el IPoM de septiembre (en la que estimó para el 2024 un crecimiento de 1,75%). En un escenario pesimista, Hacienda estima que la economía crecerá 1,9%, mientras que en un cuadro optimista la economía podría llegar a crecer 2,9%.

Las distintas proyecciones serán interpretadas en los próximos días, mientras el debate presupuestario propiamente tal avanzará en la Cámara de Diputados. La discusión de este año es especialmente relevante debido a: los delitos que se investigan relacionados con el financiamiento a las fundaciones; el cumplimiento del balance estructural (BE); la contención de la deuda pública y cuánto aportará a la reactivación económica; el crecimiento del Estado y las numerosas demandas sociales; el uso de los recursos del litio; y la eficiencia en el gasto público.

Por eso, el objetivo de reducir los tiempos de tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos en Chile seguirá siendo por estos días el mayor dolor de cabeza para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que se ha posicionado como una de las principales trabas para el anhelado crecimiento económico del país. Con este objetivo en los próximos días avanzarán las distintas carteras e instituciones del estado que están llevando a cabo procesos de reformulación, pero, “sin ceder en materia medioambiental”.

Por ejemplo, se esperan novedades de la reforma que prepara el Ministerio de Medio Ambiente a la Ley de Medio Ambiente, que buscan simplificar los procesos de permisos ambientales. El Ministerio de Defensa se está focalizando en destrabar las concesiones marítimas, mientras que el Consejo de Monumentos Nacionales también seguirá en la palestra al ser una de las instituciones que concentra una mayor cantidad de solicitudes, pero que también presenta una gran cifra de tramitaciones pendientes de resolución.

En materia energética, luego del protocolo de acuerdo entre los senadores de la comisión de Minería y Energía del Senado y el ministro de la cartera, Diego Pardow, para avanzar en una serie de iniciativas asociadas a establecer un mecanismo de estabilización de las cuentas de la luz y al desarrollo de las energías renovables, ahora el gobierno seguirá insistiendo en aumentar el impuesto al carbón, promesa contemplada en la reforma fiscal verde y en el programa de gobierno.
• El gobierno presentará un proyecto que crea un mecanismo que normalice las tarifas de distribución eléctrica gradualmente y que se haga cargo de la deuda de más de US$ 5 mil millones que tienen los clientes con el sistema.
• En noviembre el gobierno ingresará indicaciones al proyecto de transición energética, abordando reasignación de ingresos tarifarios, el desarrollo de la transmisión eléctrica, la licitación de sistemas de almacenamiento y la creación de un subsidio para familias vulnerables.

Esto, mientras también seguirán las conversaciones al interior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en miras de la negociación para el reajuste del sector público que se acerca – lo habitual es que comience la segunda quincena de noviembre-, luego de que en los últimos días ya adelantaran desde el gremio que exploran presentar primera propuesta con un alza salarial de entre 7,1% y 8,1%, propuesta “que es el piso para poder recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”. El reajuste para el sector público beneficia a unos 800 mil empleados directos e indirectos.

Por último, entre el 16 y el 22 de octubre más de 60 empresas y 215 proyectos darán inicio a una nueva versión del Week Inmobiliario, evento que organiza la Cámara Chilena de la Construcción (CChC9) que tiene por objetivo ofrecer oportunidades de compra e inversión en viviendas y, al mismo tiempo, buscar la reactivación del alicaído sector inmobiliario

SALUD

La tercera semana de octubre se enfocará en las repercusiones que tendrá para el sistema público la solicitud de renuncia al director del Instituto de Salud Pública (ISP), Rubén Verdugo, por parte de las autoridades sanitarias. Cabe recordar que este episodio se genera a raíz de los cuestionamientos por las acciones que adoptó el organismo frente a un brote bacteriano en un producto del Laboratorio Sanderson que obligó al retiro de todos los insumos de la empresa y que varias atenciones y cirugías del sistemas público se vieran suspendidas. Posteriormente, en un nuevo intento de manejo de la crisis, el ISP aclaró que el contagio sólo correspondía al cloruro del sodio al 0,9%. Actualmente, existe un sumario interno requerido por el Minsal. Al interior del ISP, la Federación de Trabajadores de la Salud del ISP calificó la solicitud de renuncia como injusta e, incluso, señaló que existen motivaciones políticas, lo que provocó un llamado movilizarse desde hoy en las dependencias del organismo que puede extenderse hasta el inicio de los Panamericanos, lo que podría impactar en la logística de los juegos por la cercanía del Estadio Nacional con el Instituto de Salud Pública.

Otro de los episodios que estará en la agenda durante la semana será el anuncio de la FENATS, tras el fin de su paralización, y cómo el Ministerio de Salud abordará los compromisos pactados sobre el futuro de miles de funcionarios que habían sido desvinculados del sistema público ante el término de la alerta sanitaria. El anuncio, se logró debido a que la cartera dirigida por Ximena Aguilera acogió la solicitud de reincorporar a los 6.300 funcionarios desvinculados tras analizar las distintas realidades locales y aplicar ciertos ajustes con los encargados de los Servicios de Salud. Asimismo, se iniciará el proceso de carrera funcionaria eliminando los últimos tres grados de la escala salarial y se solicitará a DIPRES agregar más de 4.000 cargos para el incentivo al retiro, beneficio exclusivo para personas mayores de 65 años que siguen en funciones en servicios de salud.

Sumado a los temas anteriores, el escenario de las Isapres se mantiene aún en la agenda pese a que la comisión técnica convocada por la Comisión de Salud del Senado ya presentó su propuesta. La incertidumbre en torno al futuro del sistema, sumada al escenario económico en el país, se ha ido reflejando en el último tiempo en la cartera de afiliados de las aseguradoras con una fuga masiva a FONASA. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con Seguros Sura, acerca de la percepción de los usuarios del modelo de aseguramiento privado en el actual contexto de crisis, se observa que en los mayores de 61 años, sólo el 40,8% dice haber pensado o estar considerando cambiarse a Fonasa, una decisión que sube drásticamente entre los más jóvenes de 18 a 30 años, casi 7 de cada 10 de ellos (68,4%) dicen estar considerando migrar de sistema.

Con relación a la tramitación de la Ley Corta, los parlamentarios dieron plazo hasta el 20 de octubre para que el Ejecutivo presente indicaciones, continuando así con el trámite legislativo.

Con relación a la actividad legislativa, en la Comisión de Salud del Senado, se enfocará en la creación de un nuevo modelo de atención para FONASA. Se citará a audiencia al Dr. Bernardo Martorell para que informe respecto de la reforma de salud que coordina desde el Ministerio de Salud. En tanto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados continuará la discusión sobre el otorgamiento y uso de licencias médicas.