A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:
POLÍTICA
Luego de un feriado por Fiestas Patrias XL, esta semana la política retoma con fuerza su foco en los hitos políticos y legislativos claves del último trimestre: los proyectos de ley de presupuesto, aquellos enfocados en temas de seguridad, como ley antiterrorista y de usurpaciones, la reforma previsional y la ley corta de Isapres. Junto a ellos, también se enfoca en las votaciones del Pleno del Consejo Constitucional.
En el caso legislativo, el gobierno a través de sus ministros claves – Hacienda, Segpres e Interior- está desplegando una fuerte ofensiva para buscar puntos de negociación que le permitan avanzar en su agenda. Es así como hoy se realizará el consejo de gabinete (que se adelanta una semana) con un especial foco en la promoción del proyecto de ley de presupuesto, que debe ser presentado a más tardar este viernes a través de promover tres conceptos centrales. Según se ha explicado, la estrategia gubernamental es promover -al igual que el año pasado- la idea de las seguridades: económica, ciudadana y social, a las que se sumarían la de vivienda, emergencias y refuerzo en salud. También esta semana se espera que el Presidente Boric tenga una reunión con las directivas de los partidos de gobierno para presentar el proyecto y lograr sus apoyos en la tramitación que debe realizar durante octubre.
El objetivo gubernamental es generar una buena base de apoyo entre sus partidarios que le permita negociar con mayor holgura con la oposición, especialmente considerando que tiene dos flancos abiertos: el caso convenios y el mal uso de recursos públicos y, por otro lado, la tramitación simultánea de proyectos de seguridad que han sido fuertemente criticados por la oposición y que han sido utilizados como moneda de cambio para presionar al gobierno en otros aspectos.
Específicamente la oposición se ha centrado en dos temas: el veto a la ley de usurpaciones y el proyecto de ley antiterrorista. En el primer caso, se espera que esta semana el gobierno ingrese el veto particular a la aprobada ley de usurpaciones, limitando la llamada legítima defensa privilegiada y su combinación con la flagrancia permanente (es decir, busca que no todas las acciones de defensa del dueño en caso de usurpación queden protegidas automáticamente) y generar penas escalonadas para usurpadores según la gravedad del hecho. Es importante que luego de presentado el veto, se vota por mayoría simple. Si se aprueba, pasa a convertirse en ley, pero si se rechaza no puede convertirse en ley. En el caso de la ley antiterrorista, que actualmente se encuentra en el Senado, el foco de la oposición está en que el proyecto complejiza la persecución de los delitos ya que impone mayores complejidades probatorias y no incluye sanciones a las acciones preparatorias de este tipo de delitos.
En el ámbito de los proyectos de ley con foco social, el gobierno continúa con la estrategia de promover la reforma de pensiones a través de la gira de la Ministra del Trabajo por diferentes ciudades, esperando que el apoyo social permita fortalecer su posición negociadora para llegar a acuerdos, aunque aún no recibe señales en ese sentido desde la oposición
En otro ámbito de la política, esta semana comienza con la nueva directiva del Partido Comunista, ya que su comité central optó por mantener el criterio de jerarquía y continuidad, designando a Lautaro Carmona como presidente y a Bárbara Figueroa como secretaria general (lo que la obligó a renunciar a su cargo de embajadora de Chile en Argentina). Ambos trabajaran en forma temporal hasta que el congreso del partido (que dura entre diciembre y marzo) designe a la directiva para el próximo quinquenio. Debido a que este nombramiento marcó nuevamente el predominio de la vieja guardia del PC, no se espera que se produzcan cambios en el corto plazo.
PROCESO CONSTITUCIONAL
Como se esperaba el Consejo Constitucional se ha convertido en el foco de interés de la política, considerando que el Pleno ya se encuentra en proceso de votación de las enmiendas. Y es que a pesar de que el anteproyecto tiene los llamados bordes democráticos, que impiden realizar modificaciones profundas que rompan los acuerdos, el Partido Republicano ha comenzado a hacer valer su mayoría en aspectos que son claves para la organización.
Esta situación -esperable, por lo demás- ha generado que la habitual buena convivencia al interior del Consejo comience a romperse por tres hechos: la fuerte presión que han impuesto los republicanos (tanto en el Pleno como a través de negociaciones y la prensa), la fractura en el bloque de Chile Vamos -que se mueve entre el apoyo a Republicanos y el descuelgue de algunos consejeros hacia el centro- y la fuerte ofensiva de minoría que hace Unidad por Chile, criticando varias de las enmiendas y presionando por atraer a Chile Vamos a las negociaciones.
Esta situación -que se enfoca principalmente en temas valóricos ya que en otros ha habido acuerdos- ha levantado una disputa que se detectó inicialmente, pero que ahora se ha hecho más patente: a pesar de que el oficialismo tiene minoría, los miembros de Chile Vamos no tienen una definición monolítica y, a partir de ello, no poseen disposición a actuar en bloque con Republicanos y, por lo mismo, tienen la llave para lograr los 2/3. A través de esta situación, ha aumentado la presión sobre ellos desde las dos alas del Consejo: por una parte Republicanos, liderados por su líder José Antonio Kast han puesto presión sobre acuerdos previos y, por otro, Unidad por Chile presionando por aspectos como temas sociales o de derechos.
El problema es que la disputa no solo se lleva en el Pleno, discutiendo sobre el fondo de los temas, sino que se ha llevado hacia la polarización sobre las opciones de a favor y en contra. Así, diferentes colectividades están comenzando a plantear que -antes de que esté el texto definitivo- se abren a votar en contra si es que sus planteamientos no se acogen. Tanto los polos de derecha como de izquierda han planteado que están dispuestos a considerar oponerse al texto en el plebiscito, buscando presionar a la contraparte a negociar.
El problema de esta presión -que es habitual en política- está generando un mayor desinterés de las personas y una mayor tendencia hacia el rechazo. Es así como la encuesta Plaza Pública -que sigue la evolución semanal- muestra que la opción de “en contra” subió a 59%, mientras que “a favor” bajó a 21%. Un elemento interesante es que también crece la percepción sobre que la disputa no le hace bien al proceso y que el interés por aprobar crecería en la medida que los polos tiendan a acercarse y las diferentes colectividades llamen a apoyar el nuevo texto.
Una segunda consecuencia de esta disputa aún no resuelta es que los diferentes partidos comienzan a definir un plan B ante un eventual rechazo. De acuerdo a lo que han manifestado diversos personeros, no se buscaría un tercer proceso y se optaría por introducir reformas desde el Congreso.
En cuanto a normas aprobadas, el Pleno concluyó la semana anterior con la ratificación del capítulo sobre el Congreso Nacional. Entre los elementos más relevantes se encuentra una reducción en el número de escaños elegidos por distrito y del número total de diputados.
ECONOMÍA
En economía, el Gobierno seguirá abocado en generar los apoyos económicos para las 16 comunas declaradas en emergencia agrícola en la Región de La Araucanía, luego del sistema frontal que afectó a la zona entre el 14 y el 16 de septiembre. En esta línea, la declaración de “emergencia” + permite acelerar la entrega de ayuda a los agricultores damnificados.
Pero en los estrictamente económico, será un insumo a las discusiones tributarias y previsionales que empuja el gobierno la publicación que hará esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de las cifras de desempleo en el país del último trimestre móvil junio-agosto. Los expertos proyectan que seguirá aumentando por factores internos de la economía para instalarse en torno a un 9% (entre mayo y julio fue de un 8,8%), debido a la lenta creación de trabajos y al bajo crecimiento económico del país, el cual recién en julio volvió a ver números verdes con un 1,8% de crecimiento en el Índice Mensual de Actividad Económica, después de cinco meses consecutivos de bajas.
Otro tema que marcará la pauta es el próximo ingreso que hará el gobierno del proyecto de ley para poder modificar la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, y que involucra una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que esta semana concluirán los 16 diálogos ciudadanos realizados para este fin en cada región del país. Este es uno de los ajustes más esperados en materia de institucionalidad ambiental y se presentará al Congreso luego de dos rondas de conversaciones con gremios, organizaciones ambientales y parlamentarios. Entre las principales propuestas se incluye avanzar en la eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVAS), también en fortalecer la evaluación ambiental en etapas tempranas.
En otro tema, esta semana el Ministerio de Hacienda presentará sus cartas al Gobierno para para conformar el nuevo Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a menos de un mes de que se acabe el período de los comisionados Kevin Cowan y Mauricio Larraín (tras seis años al interior del organismo). Posteriormente se debe formalizar la postulación de los nuevos miembros a la comisión de Hacienda del Senado. Uno de los criterios que encomendó el presidente Boric es reforzar la regla de equidad de género en la composición del consejo. Hoy suena el nombre de la actual coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Carola Moreno, como principal candidata.
En empresas, el ministerio de Economía seguirá en alerta esta semana y buscando soluciones para evitar el cierre de la siderúrgica Huachipato, luego de que la semana pasada su gerente general, César Garrido, advirtiera del eventual cierre a fin de año de la siderúrgica, motivo por el cual el viernes el secretario de Economía, Nicolas Grau, se reunió con la empresa en su planta en Talcahuano, Región del Biobío, evaluar medidas que eviten que eventualmente se pierdan más de 20 mil puestos de trabajo (además de los efectos en cientos de proveedores e industrias derivadas de la producción de acero).
En una línea similar, seguirá representando una preocupación para las autoridades a nivel económico la alerta que ha levantado en los últimos días la industria minera respecto al alza de los costos de producción que afecta al rubro, tomando en cuenta que en el último reporte de Cochilco, al primer trimestre, el indicador alcanzó su máximo nivel histórico en US$ 2,02 la libra. La caída en la producción de cobre está impulsando el indicador, pero también se suman otros factores como el efecto inflacionario y la realización de mantenciones. El caso emblemático es el de la estatal Codelco, cuyo costo de producción se disparó en la última medición, subiendo en un 41%, pero la tendencia también afecta a mineras privadas.
También esta semana se iniciará el juicio oral en que se imputa a Empresas Penta e Inversiones Penta III como autoras del delito de soborno, y al exgerente de contabilidad del holding Penta, Marcos Castro Sanguinetti, como autor de soborno y varios delitos tributarios. Durante el juicio se espera que no sólo los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y sus esposas comparezcan en el estrado, sino que también deberán hacerlo exministros del expresidente Sebastián Piñera, exparlamentarios y algunos empresarios.
También relacionado a tribunales, hoy serán despachados los oficios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a las empresas proveedoras de internet para bloquear los sitios de las casas de apuestas online, luego del último fallo de la Corte de Suprema que las declaró como ilegales en el país. Entre las empresas de telecomunicaciones afirman que van a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, pero se espera que el tema siga generando polémica, ya que, por ejemplo, estás empresas -entre las que figuran Betsson, Betano, Coolbet, Betway, 1xbet, entre otros- son actualmente auspiciadoras de diversos clubes de fútbol profesional.
En un contexto similar, este viernes se llevará a cabo la reunión entre la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y la Asociación Chilena de Casinos (gremio que reúne a Enjoy, Dreams, entre otros, y que preside Cecilia Valdés) en la que los operadores de casinos buscarán explicaciones a las enmiendas que presentó el ministerio a la iniciativa legal que busca regular las plataformas de juego en línea, ya que éstas nuevas medidas permitirían que las que empresas de apuestas que paguen impuesto adicional —y otros requisitos— podrán seguir operando. Los casinos critican el ‘perdonazo’ y acusan competencia desleal.
SALUD
La última semana de septiembre estará enfocada en la solicitud que se espera ingrese la Superintendencia de Salud ante la Corte Suprema para extender el plazo de implementación del fallo respecto de la tabla de factores de las Isapres por cobros excesivos. Cabe mencionar que el dictamen de noviembre del año pasado originalmente vencía en mayo de 2023, pero fue extendido por seis meses más, plazo que indican no es suficiente considerando que resta conocer el informe de la comisión técnica -convocada por la Comisión de Salud del Senado- que pidió dos semanas más para evacuar su propuesta con recomendaciones para dar una salida viable a la crisis de las Isapres y evitar un colapso del sistema.
En una carta enviada al presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, para solicitar más plazo, los coordinadores de la comisión advirtieron que es “indispensable” que haya una prórroga para implementar el fallo sobre tabla de factores, “de lo contrario, existe un alto riesgo de que la ley corta llegue demasiado tarde”. Hasta ahora, el proyecto de ley corta presentado por el Gobierno se sigue tramitando en la Comisión de Salud del Senado -está recién en su primer trámite- y no ha sido votado. Falta después que pase por la Cámara Baja y se debe reservar un tiempo para un posible tercer trámite y una comisión mixta, lo cual es bastante trabajo aún para los dos meses que quedan. El senador Juan Luis Castro valoró la decisión del Ejecutivo de impulsar esta petición al máximo tribunal, pero estimó que le ha faltado un impulso mayor, por lo que le solicitó más proactividad frente a un escenario extremadamente sensible y delicado en el ámbito de la salud, y sus consecuencias para los beneficiarios.
Otro de los temas que marcará la semana es cómo seguirán las movilizaciones para reclamar por el despido masivo de cerca de siete mil funcionarios del sector público tras el término de la alerta sanitaria. En ese contexto, la FENATS llegó hasta La Moneda para solicitar al Gobierno la creación de una mesa de trabajo que permita abordar la desvinculación de los trabajadores del área de salud. Por lo tanto, en estos días se espera un pronunciamiento de las autoridades sanitarias sobre qué hará para revertir la situación y si acepta establecer instancias de trabajo colaborativo. Lo anterior, se suma a otras acciones que han tomado los propios trabajadores.
Por otro lado, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) anunció una movilización por tres días desde el 27 al 29 de septiembre con el objetivo de plantear que la salud en Chile merece más y mejor financiamiento. También el Colegio Médico manifestó su preocupación con el fin de la emergencia provocada por la pandemia y que significó una disminución importante respecto de los recursos disponibles para el gremio, sobre todo en un momento en que una de las propuestas para abordar la crisis de las Isapres es fortalecer Fonasa.
Con relación a la actividad legislativa, en la Comisión de Salud del Senado el trabajo legislativo se enfocará en generar estrategias de lucha contra el cáncer. A este punto se invitó a organizaciones de pacientes como CáncerVida, al Foro Nacional del Cáncer y al Centro para Prevención y Control del Cáncer, CECAN.
En tanto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibirá a representantes de Fenasenf y Confedeprus, a fin de que expongan sobre los efectos de la desvinculación de trabajadores a honorarios como consecuencia del fin de la alerta sanitaria.