A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:
POLÍTICA
El país inicia la segunda semana de febrero con toda la zona centro sur impactada por 22 incendios forestales de gran envergadura activos, que ya han dejado más de seis mil hectáreas consumidas, una persona fallecida, más de 60 detenidas por causar focos de fuego y toque de queda en 11 comunas, entre las 20 horas y las 6 de la mañana.
Los siniestros están focalizados preferentemente hacia el sur: 14 en La Araucanía, seis en la región del Biobío y dos en la región de Ñuble, según la información confirmada por el Servicio Nacional de Respuesta y Prevención de Emergencias (SENAPRED), que trabaja desplegado en las zonas afectadas, en acciones conjuntas con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Carabineros, bomberos, municipios y brigadistas voluntarios.
La situación se produce justo cuando el mismo sector del territorio enfrenta la tercera ola de calor extremo del año, con temperaturas que en algunas localidades han superado los 45 grados, lo que ha agravado la complejidad del trabajo de contención y extinción de los incendios.
En materia política, el tanto el Presidente Gabriel Boric como la mayoría de los integrantes de su Comité Político comenzaron sus vacaciones, mientras el país queda al mando de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien reconoció, a primera hora de este lunes, que los incendios mencionados anteriormente “podrían ser reivindicaciones territoriales”.
En el sector judicial, mientras este lunes ya comenzó la audiencia de desafuero en contra de la diputada oficialista y ex Frente Amplio Catalina Pérez, por el caso Convenios, la Primera Sala del Tribunal Constitucional revisa la admisibilidad del recurso de inhabilidad contra la ministra Maya Fernández, interpuesto por la frustrada venta al Estado de la casa del expresidente Salvador Allende, operación que fue abortada por incompatibilidad legal y que también involucra a la senadora socialista Isabel Allende, hija del exmandatario y tía de la secretaria de Estado.
También en tribunales, durante esta semana la Corte de San Miguel revisará la extradición de cuatro detenidos en la causa “Piratas de Aragua”, tres en Colombia y uno en Estados Unidos, mientras realizará, en paralelo, nuevas formalizaciones por este caso.
Mientras en la oposición se notan las ausencias por las vacaciones de verano, el diputado y presidente del nuevo Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comenzó la semana señalando que, para impulsar una candidatura presidencial a primera vuelta, deberá lograr un porcentaje de apoyo popular en las encuestas, además de insistir en la posibilidad de una primaria «de la derecha más consecuente».
En el oficialismo, al parecer todo gira en torno a la dos veces expresidenta Michelle Bachelet, quien, para algunos, ha dado señales de una posible tercera candidatura, lo cual no ha dejado indiferente al sector, que se debate entre el apoyo a “rostros nuevos” o jugar una carta marcada con la exmandataria.
Esta semana, también, el Partido Socialista publicará sus listas declaradas para las elecciones internas.
En otras materias relacionadas con la institucionalidad, comienza la segunda postulación al FUAS para beneficios estudiantiles para la educación superior y se inicia la implementación de la licencia de conducir digital en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes y la Antártica Chilena.
ECONOMÍA
Las informaciones económicas semanales comienzan con las preocupaciones de los expertos locales no afines al oficialismo por el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el cual presentó una corrección para el déficit estructural de 2024, de un 2,3% del PIB proyectado en el tercer trimestre del año pasado a un 3,2% del PIB y un ajuste a la baja para el dinamismo económico, con una expansión estimada de 2,5% para 2025 desde el 2,7% que había calculado previamente. La duda surge porque estas nuevas cifras difieren de la base planteada para elaborar la Ley de Presupuestos 2025 y arriesgan, según los especialistas, menos recaudación tributaria y un crecimiento de la deuda pública más acelerado, lo cual pone en riesgo nuestra clasificación de riesgo y el acceso a notas crediticias para el país, por lo que se espera una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda.
Además, la semana contará con las habituales publicaciones del Banco Central, como la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) correspondiente al trimestre móvil octubre-noviembre-diciembre de 2024, la mensual de las Expectativas Económicas (EEE) de enero de 2025, la minuta de la Reunión de Política Monetaria de enero y la de Operadores Financieros (EOF) post RPM de enero de 2025.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas hará lo suyo con Índice de Inventarios del período diciembre 2024.
SALUD
En materia de Salud, la semana comienza con incertidumbre por los efectos que tendrán los recortes de 16 mil millones de pesos que se están haciendo al presupuesto sectorial, en diferentes unidades relacionadas con cáncer, Fonasa e ISP, entre otras. Las autoridades de salud confirmaron la disminución, indicando que no afectará la atención de los pacientes, pero dichas declaraciones no han logrado atenuar la preocupación de organizaciones de pacientes, gremios de la salud y del Colegio Médico, que han alertado sobre los efectos en un sector en el cual los recursos ya son escasos y porque existía un acuerdo con Hacienda de no recortar recursos en Salud, lo que finalmente se materializó.
Por otro lado, ya se augura que el Proyecto de Modernización de Fonasa presentado por el Gobierno a fines de enero al Congreso será el protagonista del debate parlamentario desde marzo. Este incluye, entre otros, la regulación de dispositivos médicos y propone la implementación de un sistema de control gradual, que permitirá mejorar la calidad y seguridad de los que están disponibles en Chile, siendo el ISP el encargado de esta regulación. Este cambio ha sido apoyado por profesionales de la salud que día a día manipulan dichos productos, los cuales actualmente no cuentan con una regulación específica y especializada, lo que pone en riesgo la vida y salud de los pacientes.
En materia internacional, y luego de que Estados Unidos informó que dejará de ser parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por diferencias en la gestión de la pandemia del COVID-19, ahora se suma Argentina, país que ha decidido seguir los pasos del gigante norteamericano. Las razones que arguye la nación trasandina son que, con esta medida tendrán una “mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto de intereses que requiere Argentina y mayor disponibilidad de recursos”, así como plantear que esta decisión del Gobierno de Javier Milei “reafirma nuestro camino de soberanía”. No obstante, ambas decisiones han sido calificadas como “nacionalismo sanitario” que “no conversa bien con la realidad epidemiológica y los agentes infecciosos porque estos no tienen frontera», según indicó el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Asimismo, han sido descritas como un error político y estratégico, que implicaría riesgos para acceder a los recursos necesarios que permitan responder efectivamente a emergencias globales y limitar la capacidad de participar en la formulación de políticas y programas de salud globales.
Desde el Gobierno de Chile, por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en su reciente participación 156ª sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS, respaldó al organismo como “guardián de la salud global” y destacó la importancia de la cooperación internacional. Asimismo, en su agenda incluyó su participación en el “core group” que negocia el proyecto de resolución sobre Enfermedades Raras y Poco Frecuentes y que busca brindar un marco general, de carácter global, abordando, entre otros aspectos, la definición de “Enfermedades Raras” (ER). La secretaria de Estado entregó su apoyo a las medidas técnicas que deben ser implementadas para afrontar las enfermedades raras, con un enfoque en el desarrollo de mayor investigación, innovación centralizada, mejores prácticas y políticas nacional e internacionales sobre aquellas. Todo, en línea con el proyecto de ley que se discute en el Congreso, para crear una institucionalidad sobre este tema en el país.