POLÍTICA
A solo dos semanas de las elecciones municipales y regionales, con la campaña avanzando fuerte, la semana política comienza concentrada en otro campo: el proceso de acusaciones constitucionales contra la expulsada ministra Angela Vivanco y los ministros Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Luego de que la semana pasada Vivanco fuera removida de la Corte por sus pares y que la acusación contra ella y Muñoz -presentada por la oposición-fuera aprobada, esta semana la Cámara de Diputados debe analizar la acusación contra Matus y una segunda contra Vivanco, presentada por partidos oficialistas y la Democracias Cristiana.
En el caso de la doble acusación Vivanco-Muñoz ya aprobada por la cámara baja, el martes o miércoles debe ser votada por la sala del Senado, necesitándose la mitad de los senadores en ejercicio para ser aprobada. El proceso dicta que, aunque la acusación es conjunta y por la misma causal de “notable abandono de deberes”, cada capítulo debe votarse por separado, por lo que podría producirse un resultado diferente para cada uno. En este sentido, se espera que la de Vivanco sea aprobada sin mayor problema, concluyendo en su destitución y la suspensión de sus derechos políticos por cinco años. En el caso de Sergio Muñoz, se espera una votación más estrecha, ya que a pesar de que la oposición tiene mayoría, hay algunos senadores y senadoras que han manifestado sus dudas y podrían ser votos que permitan salvarlo a última hora. Sin perjuicio de ello, su situación es compleja ya que este juez ha sido criticado varias veces por el sector que lo considera como un juez de izquierda.
Sobre las votaciones de la Cámara de Diputados, se espera un debate amplio para la acusación contra Vivanco ya que se ha discutido si se puede condenar dos veces a una persona por el mismo hecho. Si bien el ordenamiento chileno no lo permite, los promotores de la acusación -que a estas alturas podría ser exclusivamente testimonial- plantean que mientras el Senado no apruebe la otra acusación, este proceso sigue siendo válido. En el caso del libelo contra Jean-Pierre Matus, presentado por la oposición, se espera que sea visto por la Cámara hoy o mañana y que, en caso de aprobarse, sea votado la próxima semana por el Senado, lo que obligaría a suspender -al menos por un día- la semana distrital para esa corporación. Aunque aún no están claros los compromisos de votos, las proyecciones indican que debería aprobarse ya que a la oposición se sumarían los votos del partido Social Cristiano y de diputados independientes.
También en el Congreso, aunque en un tema diferente, esta semana la comisión de Educación comenzará a tramitar el proyecto que pone fin al CAE, que será ingresado por el gobierno para su discusión. Como se vio la semana pasada, se espera que las diferencias se centren en las formas de financiamiento, mecanismos de condonación y cómo se implementará el copago. Pero el ministro de Educación no solo tendrá una semana compleja por esta situación, también se espera que, como fue anunciado, hoy o mañana el gobierno presente la propuesta para la llamada reparación histórica para los profesores que busca resarcirlos de la deuda histórica que el estado mantiene por muchos años. Es importante recordar que esta acreencia se produjo cuando se municipalizó la educación estatal y el estado comprometió recursos para pagar a los profesores bonos y aportes a jubilación. El dinero fue traspasado a las municipalidades para el pago, pero muchas de ellas lo utilizaron en otros ítemes, dejando a miles de docentes sin ese dinero.
Junto a lo anterior, en el Senado esta semana deberían finalizarse las negociaciones para que esta cámara ratifique a Dorothy Pérez como nueva Contralora General de la República. La actual subrogante fue propuesta oficialmente por el gobierno hace cuatro días, luego de avanzar en la ratificación por el Senado de los candidatos a la Corte Suprema y de avanzar también en la negociación con los partidos opositores para su ratificación.
En el ámbito electoral, a menos de dos semanas de las elecciones municipales y regionales, se mantiene un ambiente de poco entusiasmo ciudadano, a pesar de que es la primera elección de autoridades con voto obligatorio. Lo relevante que debe pasar esta semana es que adelante la carrera presidencial, ya que diferentes figuras políticas se han manifestado en la oposición y el oficialismo, obligando a que la discusión se adelante y que sea un elemento clave para las elecciones (que con sus resultados pueden generar espaldarazos relevantes). Es así como el fin de semana José Antonio Kast -a través de una entrevista en prensa- y el diputado Vlado Mirosevic -con un acto de campaña- se han convertido en los primeros candidatos oficiales de sus partidos, el Republicano y el Liberal, respectivamente.
En un ámbito político cercano -que sin duda también se utilizará electoralmente en este período- esta semana se cumplen cinco años del comienzo del llamado estallido social o revuelta social. Aunque no se contemplan conmemoraciones oficiales en La Moneda o el Congreso, se espera que los diferentes partidos planteen sus visiones sobre el hecho, la marcha del país en este período y el efecto que la crisis tuvo en la política y la sociedad.
Un hecho judicial que marcará la política esta semana es el Consejo General de Fiscales del Ministerio Público que se realiza hoy, preparatorio para el 25° aniversario de la institución que se celebra mañana martes 15. Si bien el consejo de hoy debe enfocarse en la discusión de los temas legislativos que afectan a la organización (fortalecimiento de del MP, creación de la fiscalía supraterritorial y otros como el de protección de testigos), se espera que la discusión también aborde el efecto del caso audios en ella por tres hechos claves que se dieron la última semana: en primer lugar el cambio de postura del fiscal Nacional, Ángel Valencia, que reconoció que sí tenía contactos con Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, que implicó una denuncia de diputados PC por no registrar estas reuniones en la plataforma de lobby. En segundo lugar, se encuentran los hechos por los que se acusa al exfiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, que eventualmente muestran coordinaciones políticas indebidas -que podrían llegar a juzgarse como delitos- con el gobierno de Sebastián Piñera. Y, en tercer lugar, la arremetida mediática del exfiscal nacional, Jorge Abbott, quien el fin de semana planteó que hubo una operación de Guerra y Hermosilla -y eventualmente el ministerio del Interior del segundo gobierno de Sebastián Piñera- para sacarlo de su puesto y evitar que interfiriera en los juicios de las llamadas platas políticas -Penta y SQM- que eran llevados por Guerra y que terminaron con solicitudes de penas bajas por parte del Ministerio Público.
Por último, en el ámbito judicial, esta semana la Corte Suprema deber avanzar en varios hechos administrativos que la afectan. Por una parte, la comisión de Ética debe definir si avanzará en sanciones a los ministros a los que se ha investigado a raíz del caso audios: Sergio Muñoz, Jean-Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza. El segundo hecho es que deberá abordar la revisión del proyecto de ley de Sistema de Nombramientos del Poder Judicial que esta semana debe ingresar el Ejecutivo al Congreso, según anunció el Ministro de Justicia, Luis Cordero.
ECONOMÍA
La semana económica comienza con el anuncio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre que el gobierno ingresará nuevas indicaciones a la Ley de Patrimonio y Concesiones Marítimas. Las concesiones marítimas serán transferidas del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene mayor experiencia en el tema. En cuanto a los hallazgos arqueológicos, se implementará una instancia de apelación a nivel nacional, agilizando el proceso y permitiendo que más casos se resuelvan simultáneamente.
Junto a ello, el mundo financiero y de negocios está expectante ante la reunión de política monetaria del Consejo del Banco Central, que se realizará este miércoles 16 y jueves 17. De acuerdo a analistas, el mercado prevé un recorte de 25 puntos bases para que la tasa quede en 5,25%, según mostró la Encuesta a Operadores Financieros.
También en temas de inversión, pero esta vez en energía, el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) para el período 2024-2028 muestra un repunte en proyectos de transmisión, almacenamiento e hidrógeno verde, con una cartera valorada en US$ 7.396 millones. A pesar del crecimiento en nuevas iniciativas, como la planta de amoníaco Volta y el sistema de almacenamiento Bess Tocopilla, la intensidad de inversión en 2024 es un 39% menor que en 2023. Además, la CBC advierte sobre posibles efectos de cambios normativos en discusión, que podrían generar incertidumbre en los próximos trimestres.
En el ámbito de vivienda, según un informe de Colliers las ventas de viviendas nuevas en la Región Metropolitana disminuyeron un 17,6% anual en el tercer trimestre de 2024, mientras el stock de departamentos alcanzó casi 39.000 unidades, un 90% más que en 2019, antes de la pandemia. La dificultad de acceso a financiamiento hipotecario y la debilidad económica siguen afectando la demanda. A pesar de la menor actividad, los precios de los inmuebles han mostrado incrementos moderados, con un alza de casi 1% anual en departamentos. Colliers proyecta estabilidad en las ventas para el resto del año.
En el mercado cambiario, el dólar inició su jornada cotizándose a $926,9, según datos de Bloomberg.
SALUD
La tercera semana de octubre en materia de salud comienza con diversas polémicas. Luego de que el gobierno presentara en el Congreso la Reforma al Sistema de Salud surgieron críticas al proyecto, debido a que no cuenta con un fondo de compensación de riesgos entre isapres, que les permita enfrentar otro de los beneficios que incluye la normativa, que es el fin de la declaración de salud y de las preexistencias, dos herramientas utilizadas por las aseguradoras para medir el riesgo de los afiliados y con las cuales fueron “seleccionando” a lo largo de los años, discriminando a los más riesgosos.
Recordemos que esta normativa es un compromiso del gobierno, tras lograr que se aprobara la Ley Corta de las Isapres en tiempo récord, y que incluye puntos no resueltos por la premura de la tramitación y un fallo de la Corte Suprema que apremiaba. Si bien algunos expertos en salud han valorado que la propuesta del Ejecutivo contiene aspectos positivos como el fin de las preexistencias, de la declaración de salud, la creación de un plan común, además de fijar una tarifa o precio único de plan por aseguradora, la principal crítica que se ha originado es que mantendría la inestabilidad del sistema.
La gran discrepancia es que al abrir las actuales barreras con las que cuenta el sistema, se produce una libre movilidad de afiliados, tanto entre Isapres como desde Fonasa a las mismas, donde el único tope o limite sería el precio de los planes. Sin los mecanismos adecuados para una compensación de riesgos, el sistema se torna inviable, lo que dejaría nuevamente en una situación inestable, agudizando la actual crisis que están pasando. La opción que les da el Ejecutivo es que contraten un reaseguro con una compañía de seguro, lo que, según expertos, no tiene un efecto de compensación de riesgos y de avanzar, encarecería los planes de salud, costos que finalmente asumen los usuarios.
Desde las Isapres han calificado el proyecto como una “lápida al sistema”, una “sentencia de muerte”, que la “la viabilidad sigue en riesgo” y que “con esto no queda oxígeno”, mientras están en plena implementación de la Ley Corta, que entró en vigencia en septiembre pasado, por la que les toca devolver a sus afiliados US$ 1.250 millones cobrados en exceso, en un plazo no mayor a 13 años, y en la que se establece que no pueden retirar utilidades mientras esté en ejecución el plan de pago.
Respecto de dicha normativa que ya se encuentra en su segunda fase de implementación, la Superintendencia de Salud emitió una circular en la cual se indica que las Isapres que propusieron la incorporación de una prima extraordinaria, tendrán derecho a incluirla en todos los contratos de salud que administre a la fecha de presentación de su propuesta, al que no puede implicar un alza mayor al 10% por contrato de la cotización pactada al mes de julio de 2023. Para que el cobro de la prima extraordinaria se concrete, las aseguradoras deberán informar a sus afiliados a más tardar el 21 de octubre la inclusión del elemento, y ofrecer, al menos, una opción de plan que permita mantener un monto equivalente a la cotización pactada al mes anterior de la incorporación de la prima.
Otras de las polémicas con las cuales iniciamos la semana en salud es la crítica situación que tienen algunos hospitales, que, a las investigaciones de Contraloría por la gestión en listas de espera, ahora se suma la falta de recursos en algunos establecimientos, lo que ha obligado a suspender cirugías, detener la compra de insumos médicos y dejar sin pago a algunos proveedores. En ese contexto es que este lunes la Comisión de Salud del Senado recibirá a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para que se refiera a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud 2024, específicamente del Hospital Van Buren de Valparaíso, del Hospital Sótero del Río, de la Ley Ricarte Soto, y para salud mental.
Las críticas en ese aspecto apuntan a la precariedad con la cual funcionan los recintos asistenciales ya que los recursos no están alcanzando para llegar a fin de mes y menos para terminar este 2024. El Colegio Médico ha indicado que mensualmente los hospitales requieren de 300 mil millones de pesos para funcionar y que las transferencias que se están haciendo desde la Dipres son insuficientes y adelantaron que este lunes se llevará a cabo reunión clave con la dicha instancia presupuestaria para revisar este tema. Una de las razones que se arguyen para la crisis es la gestión, y las críticas vienen desde el mismo gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó la semana pasada que, si bien hay hospitales que gestionan de manera adecuada sus recursos, “hay otros en los cuales ocurre que al mes de junio tenían gastado el 90% de su presupuesto del año”.
Las diversas polémicas expuestas evidencian el complejo momento que están viviendo las actuales autoridades de Salud, que constantemente están viendo sus cargos en riesgo. Sin ir tan lejos, el presidente de la CUT, David Acuña, pidió la cabeza de la ministra Aguilera, tras acusarla de un «compromiso incumplido de fortalecimiento de la salud pública», puesto que «les ofrece y se compromete a entregar beneficios y bonos y después se desdice», refiriéndose específicamente a trabajadores de Fonasa.
Mientras que, desde el ámbito privado y nuevas inversiones, el laboratorio estadounidense Bristol-Myers Squibb (BMS) informó que invertirá US$100 millones en Chile para desarrollar diez nuevos medicamentos y ensayos clínicos en las áreas de oncología, inmunología, neurología y fibrosis, lo que se llevará a cabo durante los próximos cinco años.
En materia de fármacos, un análisis del Ministerio de Salud muestra que entre 2013 y 2023 casi se duplicó el consumo de medicamentos en la población chilena, y las patologías en que más creció el consumo de medicamentos son aquellas relacionadas con el sistema respiratorio, seguidas por aquellas vinculadas al sistema musculoesquelético, al nervioso, digestivo y metabólico. Según expertos, esto se debe al envejecimiento de la población, y también a un mejor acceso a medicamentos por políticas públicas como la bioequivalencia.
En el ámbito legislativo, la Comisión de Salud de la Cámara no registra sesiones durante esta semana.