A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:

POLÍTICA

Luego de los hechos de violencia ocurridos hace 5 días, y ya con los parlamentarios de vuelta luego de la semana distrital, los próximos días estarán marcados por las discusiones y negociaciones entre el gobierno y la oposición por los proyectos de ley relacionados con la llamada agenda de seguridad y por los que pronto deben presentarse como el de la futura cárcel de alta seguridad para crimen organizado. Es importante recordar que la agenda de seguridad es un conjunto de una serie de proyectos de ley e iniciativas gubernamentales de diferente magnitud y que buscan regular distintas áreas que permitan un mejor y más efectivo combate a los delitos.

Como el gobierno se ha visto muy presionado por generar medidas efectivas y de impacto, ha realizado dos anuncios principales de acción en el corto plazo: la extensión del plan Calles sin Violencia a toda la Región Metropolitana (refuerzo de patrullajes, persecución penal e intervenciones comunitarias) y el comienzo de los estudios para la construcción de una cárcel de alta seguridad para crimen organizado. Debido a la complejidad es esperable que la segunda iniciativa sea mucho más compleja, tanto por la oposición ciudadana a que se construya en los posibles lugares (Santiago, Tiltil o Puente Alto), como porque requiere un proyecto de ley y un procesamiento ambiental complejo.

En esa línea, se sumará a las otras iniciativas que debe discutir y aprobar el congreso que ya han generado fuertes diferencias entre los grupos parlamentarios que, además, buscan aprovechar este tema para posicionarse ante la opinión pública. Por lo pronto, hoy el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunirán con comisiones de Seguridad Ciudadana de ambas cámaras y también con la comisión de Constitución del Senado. Junto a ellos también el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el director nacional de Gendarmería también están citados para analizar el tema de la cárcel de seguridad y la política carcelaria chilena. Todas estas reuniones buscan ir asentando las negociaciones para definir los proyectos de ley.

Junto a ello también esta semana la misma comisión de Seguridad del Senado continuará el trámite del proyecto de ley de Subsistema de Inteligencia Económica, mientras que la Sala de esta misma institución verá el proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Pública. A la discusión de estos dos proyectos el gobierno debería agregar la discusión inmediata -a través de urgencia- para el proyecto de Infraestructura Crítica (que norma la participación de FFAA en seguridad sin necesidad de un estado de excepción constitucional) que debe ser votado en particular y presionar por una pronta aprobación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.

En todo caso, a pesar de los anuncios, queda por ver cuánto podrán avanzar los proyectos considerando que el gobierno y la oposición aún no se ponen de acuerdo en los temas que tienen los proyectos detenidos o en proceso de negociación. En ese sentido, se prevé que el foco de los tres ministros principales, Interior, Secretaría General de la Presidencia y Justicia, esté puesto en lograr los votos y también en integrar indicaciones desde la oposición y desde los partidos de la coalición oficialista.

Pero el congreso también será escenario de otras negociaciones que se prevén complejas, como la reforma electoral municipal. Si bien el gobierno había anunciado que esta semana presentaría el veto aditivo para eximir a extranjeros de la multa por no votar, el ministro Alvaro Elizalde anunció que se iniciaría una ronda de conversaciones para lograr acuerdos con la oposición y evitar un conflicto mayor que afecte esta y otras negociaciones. De acuerdo al calendario legislativo, el gobierno puede presentar el veto hasta el 10 de agosto. El problema que enfrentan los partidos de oposición -que se resisten al veto de multa solo a chilenos- es que si no lo aprueba, quedaría la redacción original del proyecto, por lo que algunos de sus parlamentarios han amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional o incluir nuevas medidas.

Un tercer ámbito de negociación entre las fuerzas políticas es la reforma de pensiones. La comisión de Trabajo del Senado tiene agendada su discusión esta semana, aunque no se espera que avance mucho, a pesar de la presión de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, porque se vote pronto en general y que las negociaciones se realicen cuando se vote en particular artículo por artículo. En este sentido, la oposición se opone fuertemente a avanzar a una votación sin acuerdo previo y sin que el gobierno ceda más a sus propuestas. Por todo ello, esta semana solo debería avanzarse en la exposición de las conclusiones y acuerdos de la mesa técnica de la instancia y definir si hay consenso político sobre cada una de sus propuestas.

El último ámbito complejo que comenzará a enfrentar el congreso esta semana es la avalancha de nuevos proyectos de ley de retiros de fondos de pensiones, ya que el 23 de julio se cumple un año desde al rechazo de la última iniciativa. Mañana martes, la comisión de Constitución definirá la forma en que se tramitarán los 5 proyectos presentados por diferentes diputados y diputadas que van desde un nuevo retiro de 10% a un autopréstamo sin intereses, hasta un retiro de 50% si se usan para adquirir la primera vivienda. La comisión debe definir si se tratarán por separado o si se fundirán en una sola iniciativa para comenzar su tramitación, a la que el gobierno se opone fuertemente.

ECONOMÍA

La semana económica comienza con el reporte de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) que muestra que la inversión en energía en Chile caerá un 46% en 2024, alcanzando los US$ 2.467 millones, la cifra más baja desde 2011. Esta disminución se atribuye a la falta de infraestructura en transmisión y almacenamiento, a pesar del crecimiento reciente en energías renovables, que ahora representan más del 46% de la capacidad instalada del país. Las dificultades actuales en el sector, incluyendo tarifas eléctricas congeladas y vertimientos de energía renovable sin precedentes, destacan la urgencia de invertir en infraestructura para evitar mayores recortes de energía.
Para revertir esta tendencia, la CBC enfatiza la necesidad de desarrollar proyectos de almacenamiento y la línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, con inicio de construcción esperado en 2025. Solo en 2024, se invertirán US$ 600 millones en almacenamiento y US$ 790 millones en plantas fotovoltaicas. Sin embargo, la inversión proyectada para el período 2024-2028 es un 25.3% menor que la estimada para 2023-2027, con una cartera de proyectos de generación que aportaría 5.500 MW, mayormente de plantas fotovoltaicas y parques eólicos.

En un tema relacionado con el costo de la vida, un estudio de CIES-UDD mostró que la inflación de junio nuevamente afectó más a los quintiles de menores ingresos, ya que si bien a nivel general, fue de -0,1%, para los quintiles 1 y 2 aumentó en 0,1%, a causa principalmente de la continua alza de los alimentos, que en este grupo representa un mayor gasto porcentual respecto del ingreso. Como comparación, la institución explicó que en el caso del segmento de mayores ingresos -el quintil 5- la inflación fue de -0,3%.

En temas inmobiliarios, en la Región Metropolitana, el mercado de edificios de renta residencial o multifamily ha crecido significativamente, duplicándose en los últimos tres años. Actualmente, operan 164 torres con 38.562 departamentos, y 44 edificios más, con 12.577 unidades, están en construcción. En el primer semestre de 2024, 26 nuevos edificios ingresaron al mercado, reflejando la tendencia de diversificación de las inmobiliarias iniciada durante la pandemia y la alta demanda de arriendos debido a las restricciones en los créditos hipotecarios. La ocupación de estos edificios alcanzó el 90,88%, a pesar de una ligera disminución debido al gran ingreso de nuevos proyectos. Los precios de arriendo también han retrocedido un 6,4% en promedio. La mayoría de los edificios multifamily son propiedad de fondos de inversión, mientras que el resto corresponde a inmobiliarias que han diversificado sus líneas de negocio. Este crecimiento en la oferta de arriendos responde a la contracción del mercado de ventas y a cambios demográficos, con una preferencia creciente por alquilar y vivir en ubicaciones centrales.

En otros temas relacionados a inversión, en junio, la inversión extranjera de las AFP en Chile alcanzó el 50,18% del portafolio total, marcando un máximo desde diciembre de 2021 con US$ 91,6 mil millones. Este aumento se debe principalmente al crecimiento de la inversión en renta variable extranjera, mientras que las inversiones en renta fija y variable nacional disminuyeron. Norteamérica, Europa y Asia Emergente vieron incrementos significativos en inversiones, con aumentos del 2,6%, 3,3% y 2,4% respectivamente, mientras que las inversiones en Latinoamérica cayeron un 8,2%. Este movimiento refleja una estrategia de diversificación internacional en respuesta a las condiciones del mercado local.

En el mercado cambiario, el precio del dólar observado en Chile hoy, lunes 22 de julio, es de $943,77, lo que representa un incremento de poco más de $3 en comparación con la cotización del viernes pasado, que fue de $940,15. El jueves anterior, la divisa estadounidense había alcanzado los $921,91.

SALUD

El área salud para esta semana está marcada por la demora del plan de inversiones hospitalarias reconocida por la ministra de Salud Ximena Aguilera en el Senado, tanto en plazos de construcción como en operaciones. Según lo informado al Congreso, cinco de 13 hospitales en construcción a cargo del Minsal enfrentan atrasos en la ejecución, mientras que aquellos que se levantan vía concesiones, solo uno presenta problemas en el avance de sus obras. Las críticas se han concentrado tanto en el Ministerio de Salud, por su capacidad de gestión en construcción, así como en el Ministerio de Obras Públicas que también ejecuta y administra infraestructura de salud.

Un reciente informe del Consejo de Políticas de Infraestructura arrojó que, si bien la inversión de las carteras para infraestructura ha ido aumentando de forma sostenida, la capacidad de ejecución ha avanzado más lento, dejando recursos sin ocupar. El tema es grave ya que se relaciona directamente con la disponibilidad de recintos para atender la demanda en salud de cerca del 80% de la población chilena, así como con el aumento de pacientes en lista de espera para una nueva consulta de especialidad y para cirugías. El actual sistema de salud no está dando abasto para atender oportunamente a la población inscrita y eso se evidencia en que en los últimos meses las personas y atenciones en lista de espera han aumentado notablemente, a cerca de 3 millones de consultas y cirugías con retraso, y a tiempos que exceden el año.

Algo que se suma al tema de los hospitales, pero esta vez con aquellos concesionados que durante la pandemia tuvieron que aplicar medidas extraordinarias a solicitud de la autoridad sanitaria para hacer frente a la emergencia, y que no estaban contempladas en sus contratos originales, es el conflicto que mantienen actualmente cuatro de estos recintos, -el Hospital de Antofagasta, el Carmen de Maipú, La Florida y el Félix Bulnes-, con el MOP que se encuentra con tres de ellos en un juicio arbitral por un total de US$9 millones; una discrepancia en el Panel Técnico de Concesiones por US$100 millones y un proceso en la comisión conciliadora. Las quejas son, principalmente, por compensaciones para los sobrecostos en los cuales tuvieron que incurrir los recintos asistenciales.

Una buena noticia es que Fonasa ya adjudicó una licitación de intervenciones quirúrgicas GES y No GES a 70 prestadores privados del país, entre los que se encuentran Bupa, Red Salud, Clínicas Indisa, U. de los Andes y Dávila, entre otros, por montos que ascienden a los US$232 millones por tres años.

En materia de Isapres, el anuncio realizado por UnitedHealth Group (UHG), grupo de salud privado más grande del país y controladora de Empresas Banmédica, de vender sus negocios en Chile y Sudamérica, ha generado una serie de especulaciones sobre el futuro de tanto sus Isapres Banmédica y Vida Tres, así como de otras cuyos dueños son inversionistas internacionales. Si bien la ministra de Salud ha salido al paso indicando que esta venta no se relaciona con la entrada en vigencia de la Ley Corta de Isapres y que, por tanto, no afectará la devolución de cobros en exceso ni la adecuación a la tabla única de factores, lo cierto es que tanto esa normativa, como otras que han ido en beneficio de los pacientes, sumado a los reiterados fallos judiciales en contra de la industria, ha ido mermando el nivel de ganancia de estos seguros y generando cada vez más incertidumbre jurídica. En ese sentido, UHG además de vender, no descarta iniciar un arbitraje internacional contra el Estado de Chile, para resarcir el daño económico que consideran haber sufrido por el Estado Chileno. Cabe mencionar que tanto Nexus, dueña de Isapre Nueva Masvida, y Bupa, propietaria de Cruz Blanca, también están analizando recurrir a organismos internacionales por discrepancias jurídicas.

En relación a dispositivos médicos, durante la última semana se conocieron algunas publicaciones en las que tanto la Asociación gremial de Dispositivos Médicos de Chile, Adimech, como otros gremios asociados, levantaron la voz para solicitar al gobierno un marco regulatorio para los dispositivos médicos, emplazando a la autoridad a retomar la tramitación de la Ley de Fármacos 2 que está estancada en el Congreso. Incluso, reiteraron su posición respecto de que se genere una legislación exclusiva para dispositivos, y así descartar el tema la actual normativa, que está enmarcada mayoritariamente a la industria farmacéutica. Es por ello, que se espera que en las próximas semanas se puedan conocer novedades respecto de qué está haciendo el gobierno en la materia y sobre todo el Instituto de Salud Pública.

En el marco de la reforma a la salud que está impulsando el gobierno, se espera que esta semana se realicen nuevas reuniones entre expertos del Minsal y parlamentarios, para presentarles las propuestas que debieran ser ingresadas al Congreso el 1 de octubre próximo, con tres potenciales proyectos: el que elimina las preexistencias, el que fortalece Fonasa y la modalidad de cobertura complementaria, así como el que fortalece la Superintendencia de Salud y la regulación del Subsidio de Incapacidad Laboral.

Respecto a la circulación de virus respiratorios, continúa liderando el virus sincicial, lo que suma a la mala calidad el aire, por lo cual se mantienen los llamados, tanto de expertos como de la autoridad, de mantener la vacunación y las medidas de prevención de enfermedades.

En materia legislativa, este martes sesiona la Comisión de Salud de la Cámara, donde continuará la discusión del proyecto de ley que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas, para fortalecer las facultades de organismos reguladores y establecer sanciones administrativas y penales. Mientras que en la Comisión de Salud del Senado, se revisará el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de las Isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de los planes, así como se analizará las licitaciones de cirugía de Fonasa. Para ambos puntos están invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el director de Fonasa, Camilo Cid.