POLÍTICA
La segunda semana de agosto comienza marcada, como desde hace un mes, por los coletazos políticos del llamado Caso Convenios y la incapacidad del gobierno de aislar el problema y superarlo. Ante la falta de pereza política y de recabar pronto la información necesaria para entender la magnitud del problema y generar una estrategia clara, La Moneda se enfrenta a varios frentes que diariamente traen nuevas denuncias, la acción de la Fiscalía y Tribunales, los previsibles ataques de la oposición y de sus propias filas y renuncias de funcionarios y autoridades por goteo.
En el ámbito legal, si bien aún no hay autoridades o funcionarios procesados, el fin de semana quedó en prisión preventiva Diego Ancalao, exlíder y candidato presidencial de la Lista del Pueblo, por el caso Kimún (fundación que tuvo un convenio con el gobierno regional de Los Lagos, que fue finiquitado). Esto marca la primera detención en las causas que se engloban en este caso. Junto a ello, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a través de entrevistas en medios, marcó la posición institucional en dos elementos: las investigaciones se realizan en las regiones en que se han producido los casos y hasta el momento no se considera unificarlas en un fiscal especial y, junto a ello, que su organización ve que “no es común que haya tantos robos en los ministerios”, especialmente de computadores, abriendo paso a la especulación de si puede haber delitos relacionados con ocultamiento de información.
En el ámbito propiamente político del caso, a las renuncias por goteo ocurridas en ministerios y gobiernos regionales, la oposición ha iniciado una nueva ofensiva para presionar la renuncia de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, luego de que se la acusara de aprobar un trato directo con ProCultura y, además, por ser considerada la autoridad que aprobó el cambio en los mecanismos de aprobación de transferencias para apurar la ejecución presupuestaria. La ofensiva contra Martínez genera una problema adicional para el ministro de Hacienda, quien continúa tratando de lograr el apoyo para la reforma de impuestos -llamado Pacto Fiscal-.
En el ámbito del caso convenios, esta semana también será relevante porque comenzará la discusión pública sobre el futuro reemplazante del Contralo General, Jorge Bermúdez que en unos meses cumple su período. Si bien quedan algunos meses, considerando el impacto público del caso y el rol de la Contraloría en la investigación y definición de políticas administrativas, la búsqueda de un candidato de consenso (postulantes deben ser visados por el Senado antes de la nominación presidencial) es clave para no demorar el proceso -como pasó en el caso del Fiscal Nacional- y para no enredar aún más la situación política de La Moneda.
Pero la política no solo vive de escándalos. También de las revisiones históricas, como la que estos días ha comenzado con entrevistas a expresidentes a raíz del cincuentenario del golpe de estado de 1973. La semana estará marcada también por las reacciones a las declaraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle -Presidente entre 1992 y 1998, quien no solo defendió el crecimiento del país en su gobierno y en los llamados 30 años, sino que también planteó que las gestiones de su gobierno para traer de vuelta a Augusto Pinochet eran para defender la soberanía de Chile.
PROCESO CONSTITUCIONAL
El Consejo Constitucional continúa trabajando en la revisión de las enmiendas presentadas por las diferentes fuerzas y por la búsqueda de consensos ante la cada vez más cercana posibilidad de que Republicanos -apoyado en varios temas por Chile Vamos- aplique su mayoría absoluta en temas que considera intransables. Pero como el partido ultraconservador tiene como estrategia aparecer como moderado, ha comenzado a desplegar una campaña comunicacional llamada Te Quiero Chile en la que explica sus propuestas en una línea de defensa de las personas.
En otro ámbito del proceso, esta semana estará marcada por la decisión de la Sala Especial Corte Suprema que aceptó a tramitación el recurso presentado por los consejeros de la alianza de gobierno, a raíz de las indicaciones presentadas por el Partido Republicano que afectarían el orden de la constitución creando nuevos capítulos. La salas tiene 10 días para pronunciarse sobre el fondo del asunto. En caso de ser aprobado, el recurso podría obligar a eliminar esas indicaciones o a modificar su planteamiento.
ECONOMÍA
En economía, la semana estará nuevamente marcada de forma transversal por el “pacto fiscal” que impulsa el gobierno, y por una nueva publicación del Banco Central (BC), mañana martes, del Índice de precios al Consumidor (IPC), que viene de registrar una inesperada caída de 0,2% en junio respecto del mes anterior y un alza interanual de 7,6%. Los analistas pronostican que los precios podrían haber experimentado un alza mensual de 0,3%, lo que sería ligeramente mayor a lo previsto por la última Encuesta de Expectativas Económicas del BC (0,20%) publicada a principios de julio.
Por esto, las reuniones que sostenga esta semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con los distintos partidos para avanzar en su cruzada por convencer a todos los actores; políticos, empresarios y microempresarios, de aceptar su reforma tributaria, también serán noticia, en especial luego de ya haber dado por superada la polémica con el presidente de la CPC, tras las que declaraciones del líder gremial la semana pasada en que se entendieron como un llamado a sacar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
En los próximos días también comenzará el trabajo del comité de expertos que convocó el Gobierno para medir el aporte en crecimiento económico que generarían las medidas contenidas en la propuesta de pacto fiscal, y cuánto sería su contribución sobre la recaudación tributaria. En su conjunto, las propuestas buscan recaudar unos US$8.000 millones, que equivalen a 2,7% del PIB.
- Se trata de un grupo de destacados economistas conformado por Manuel Marfán, José Pablo Arellano, Ignacio Briones, José De Gregorio, Andrea Repetto, Andrea Tokman y Rodrigo Vergara. Tienen un plazo de 45 días para emitir un informe.
- La semana pasada el gobierno decidió dividir en dos la reforma tributaria, con un proyecto que apuntará a reducir la evasión y elusión y otro a cambiar el sistema a la renta. A ello sumó medidas de crecimiento, inversión y productividad, y otro eje más para mejorar el gasto público.
Sin embargo, el camino que inicia hoy el pacto fiscal del gobierno para transformarse en leyes es difícil, ya que el oficialismo debe enfrentar un Congreso en minoría y una oposición férrea. Por su parte, Amarillos también prepara una propuesta tributaria propia, con foco en crecimiento según han indicado, la cual comenzará a ser analizada durante la semana.
La discusión tributaria ahora también tendrá como ingrediente un hito que significará un alivio para el bolsillo de los chilenos, ya que hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en junio los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y del Costo de la Mano de Obra (ICMO) registraron alzas en doce meses de 10,3% y 10%, respectivamente. Ahora, el IR Real -o salarios reales- aumentó 2,6% interanualmente, acumulando cuatro meses de aumentos consecutivos y representando su mayor alza en casi cuatro años. Con este dato, la cifra acumula un incremento de 2,8% al sexto mes del año, mientras que la remuneración media por hora ordinaria fue de $ 6.495, anotando un alza interanual de 11,1%.
A esto se suma que el Banco Central publicó esta mañana su Informe de Percepciones de Negocios (IPN) a julio, un estudio -que se publica cuatro veces al año- que indaga sobre las expectativas de las empresas en diferentes aspectos del desempeño de su negocio, además de sus estimaciones respecto a la inflación. ¿El resultado? dio cuenta de un aumento del optimismo de las empresas del país da cara al futuro, las cuales esperan una mejora de su desempeño a un año, siendo su principal preocupación el nivel de ventas. El BC además$ apuntó que el porcentaje de compañías que prevén una inflación muy por encima de lo normal en un año se redujo “de forma importante”.
También esta mañana el presidente Boric promulgó la ley de delitos económicos, relevando que la normativa «contribuirá justamente a recuperar las confianzas que se han dañado en los últimos años», y apuntando a que “las instituciones no están para abusar a la ciudadanía”. La nueva ley, según comentó el Mandatario, implicará “que se acaben los tratos especiales para personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho”.
En la industria automotriz también se esperan novedades de la reunión que tendrán el ministro de Energía, Diego Pardow con la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), ya que esta denunció que la autoridad adelantó la entrada en vigencia de la nueva normativa para la emisión de gases de vehículos motorizados medianos y livianos, conocida como Euro 6. Las automotoras alegan que no han podido adquirir vehículos adaptados a la nueva normativa de emisión de gases porque estaría pendiente actualizar normas sobre calidad de combustibles. El gremio alerta por alzas de hasta 20% en los precios de los vehículos por este requerimiento.
Esto, mientras el jueves la bencina de 93 y 97 octanos subieron $27,5 pesos por litro, sumado a que el Gobierno anticipó nuevas alzas para las próximas semanas debido a los altos precios del petróleo y al aumento del dólar, lo que impacta directamente el valor del combustible en el país.
Relacionado a lo medioambiental, esta semana la Comisión Conservación, Institucionalidad y Filantropía creada en 2019 por el Centro de Estudios Públicos (CEP) entregará un contundente informe titulado «Conservación efectiva de la biodiversidad: 30 medidas urgentes para 2030». Según el empresario Nicholas Davis, que presiden la instancia, el informe destaca “lo imprescindible que resulta una estrategia país, un Estado que integre e incentive y el trabajo de las organizaciones y los particulares en diferentes escalas”.
SALUD
Durante la segunda semana de agosto el sector salud estará enfocado en los avances de la ley corta de Isapres, principalmente en los alcances del informe que el comité técnico de expertos debe entregar a más tardar este miércoles 10 de agosto a la Comisión de Salud del Senado, donde reside la iniciativa. Esta instancia nombró a un grupo de profesionales para determinar alternativas para cumplir el fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores y que busca no generar el quiebre de las aseguradoras.
La tramitación del proyecto de ley continúa en el Congreso con un debate centrado en torno a si existen posibles interpretaciones del fallo que permitan dar sostenibilidad al sistema. Ello debido a que la interpretación literal que realizó la Superintendencia de Salud obliga a las aseguradoras a devolver más de US$ 1.400 millones y genera cuantiosas pérdidas a futuro, lo que, según diversos expertos, haría colapsar el sistema privado. Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo establece facultades para la Superintendencia de Salud y condiciones que permiten que se cumplan los fallos con carácter universal, además de abordar las consecuencias que se derivan del cumplimiento de la resolución de la Suprema y que afecten la continuidad del acceso a las atenciones de salud para los beneficiarios de Isapres. Asimismo, aborda la problemática relativa al financiamiento de la salud, que podría afectar a las personas usuarias del sistema, a los prestadores tanto públicos como privados, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las aseguradoras.
Otro de los temas que marcará la semana es la situación de los virus respiratorios y su posible aumento durante las próximas semanas, así como el uso obligatorio de mascarillas en los escolares mayores de 5 años. De acuerdo con las cifras, en el caso del último reporte de Covid-19 por parte de las autoridades sanitarias, se informó un aumento de 24,4% de casos confirmados. Se registró 45 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 1,62% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 2.415 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 1,43%. Cabe destacar que, de los 45 casos nuevos, un 60% se diagnostica por test de antígeno, un 7% se origina por búsqueda activa de casos (BAC) y un 11% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana presenta un 40% por antígeno, un 10% por BAC y 25% de los casos notificados son asintomáticos. Con relación a las regiones que han presentado mayor alza, éstas son: Magallanes, Antofagasta, Tarapacá y Coquimbo.
Respecto del uso de la mascarilla, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Christian García, defendió la obligatoriedad del tapaboca al interior de los colegios, luego de que la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, solicitara terminar con la exigencia de este insumo sanitario. Durante el fin de semana, la jefa comunal envió una carta a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, mediante la cual expuso la necesidad de retirar y terminar con la resolución que establece el uso obligatorio de la mascarilla en establecimientos educacionales, aludiendo a que su ocupación está generando un impacto negativo en diversos ámbitos como el proceso de aprendizaje.
Ante la solicitud, las autoridades sanitarias mencionaron que no hay consenso todavía debido que hace pocas semanas se volvió a las clases luego de las vacaciones de invierno, y habitualmente después de ese período se observa un aumento en la circulación viral y en las consultas de urgencia y eso es parte de lo que se está viendo actualmente. Se explicó que, si bien no es un alza explosiva, es un aumento al que hay que estar atentos.
Con relación a la actividad legislativa en la Comisión de Salud del Senado el trabajo legislativo se enfocará en la discusión de la ley corta de Isapres y la lista de espera GES y no GES en la red asistencial.
En tanto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analizará las irregularidades en el recinto hospitalario de Valparaíso.