Por Verónica Osorio, Ejecutiva de Cuenta Senior

Satisfacción: sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Hace décadas que en salud esta sensación está al debe y la crisis social que se inició hace más de un mes a nivel país develó -una vez más- que los pacientes y sus familias están cansados de iniciativas que no abordan directamente sus preocupaciones diarias, como el alto precio de los medicamentos; más acceso y oportunidades en atención; poner fin a las listas de espera para cirugías y temor a una debacle financiera para costear los tratamientos médicos.

Se ha escuchado -casi hasta el cansancio- que Chile cambió. Lo relevante de esta nueva mirada es tener en cuenta que la exigencia de la sociedad civil conlleva también una mayor participación en los temas de agenda y que las transformaciones que se requieren en salud en el ámbito público y privado sean abordadas no sólo con la mayor urgencia, sino además con un relato que les permita ‘sentir’ que su voz está representada y que los pacientes tienen derechos porque son prioridad para los tomadores de decisiones y el país, en su conjunto.

Para responder a las demandas sociales en salud, el Gobierno comunicó algunas medidas: creación de un seguro de enfermedades catastróficas para los beneficiarios de Fonasa; mayores facultades para la importación de medicamentos por parte de Cenabast para farmacias independientes; ampliación del convenio de Fonasa con farmacias y la posibilidad que las personas puedan comprar fármacos en el extranjero de manera directa a través del ISP.

Entre esos anuncios, está pendiente el envío de un proyecto de ley que crea un seguro que cubre parte del gasto en medicamentos no cubierto por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto. Sin duda, una medida esperada por las familias chilenas considerando el alto gasto de bolsillo en fármacos. Otro estudio publicado recientemente, el informe ‘Government at a Glance’ de la OCDE reveló que Chile está entre los países con peores resultados en gasto de bolsillo, figurando en el lugar 31 entre 35 países. Al consultar por la satisfacción de los chilenos con las políticas y el sistema de salud, también está entre las peores del bloque puesto que el ranking muestra a Chile en la penúltima posición.

Desde hace un tiempo, distintos sectores han manifestado la necesidad de avanzar en una política de bioequivalencia más robusta y hacia el acceso universal de medicamentos, que incluya la cobertura de fármacos por parte de los seguros de salud como ocurre en otros países, basados en la lógica que los medicamentos son parte integral del sistema de salud. Otros, entre ellos parlamentarios, piden al Gobierno que se establezca una fijación de precios, incluyendo también a las cadenas de farmacias.

Frente al escenario actual y luego de un mes de movilizaciones (unas pacíficas y otras que llevaron al caos), es imperativo que el Gobierno dé una señal clara y aproveche la oportunidad para tomar decisiones que permitan aliviar el copago para los tratamientos de salud y en la compra de medicamentos, muchas veces para una o más enfermedades crónicas. Cuando está en juego la salud o la calidad de vida de las personas, no se trata de legislar dependiendo de la marcha del día ni del estudio que una vez más confirma las deficiencias del sector, sino de comprender que es una respuesta a demandas que se mantienen por años y que merecen ser abordadas a nivel de políticas públicas en el contexto del conflicto social.

Del mismo modo, deben ser valoradas instancias como los ‘cabildos por el derecho a la salud’ que han sido convocados por los colegios profesionales, gremios y organizaciones de usuarios que ayudan a generar propuestas para mejorar el sistema de salud en Chile y las instituciones deben permitir las mejores condiciones para lograrlo. Escuchar y ser escuchados permite no sólo ampliar la mirada desde los pacientes y sus familias, sino también plasmar las principales demandas de la ciudadanía para dar paso a una nueva Constitución, que consagre de una vez como un derecho constitucional el acceso a salud de calidad.