Por Verónica Osorio, Ejecutiva de Cuentas Senior
El sostenido incremento en el gasto de bolsillo en salud (GBS) es una tendencia preocupante a nivel internacional por sus directas consecuencias en el acceso universal a la salud. Este acceso lleva implícito el derecho de las personas a contar con prestaciones (atenciones y tratamientos) en forma oportuna, de calidad, que les permitan recuperar su salud, sin que la cobertura de éstas se transforme en un evento catastrófico desde el punto de vista económico.
Las cifras de lo que ocurre en Chile con el «gasto de bolsillo» -desembolso a pagar por la atención de salud- demuestran que es alto y regresivo porque perjudica a los más vulnerables. Según los últimos datos del Centro de Estudios Públicos (CEP), el GBS mensual por persona es de $ 31.838, esto es un 50,8% más alto que en 2012. Lo anterior, ejemplifica la alta carga financiera directa sobre los pacientes. Al hablar de medicamentos -muchas veces para tratar enfermedades crónicas, esto es de por vida- el tema se repite. Para el CEP, en promedio, el gasto en medicamentos corresponde al 35,8% del gasto de bolsillo, pero si se toma sólo a los hogares que gastan en fármacos (el 53,4% del total), esta proporción supera el 50%.
Una realidad económica difícil de sobrellevar a la que se suma la constante mala evaluación de las instituciones del sector (Isapres, Fonasa y Gobierno) no sólo criticadas por temas de gestión, sino también por la falta de empatía con los pacientes y sus familias. Ejemplos de ello hay varios: casos de nula cobertura en sector privado denunciados por TV y que llegan hasta la Corte Suprema, y los últimos dichos del ministro Jaime Mañalich tras el fallido trasplante de órganos en Temuco.
Con todo, sigue resultando urgente avanzar hacia un sistema de salud más accesible, apuntando a la disminución del GBS de los hogares, de manera que actores como las aseguradoras, farmacias, laboratorios y el propio Estado asuman una política real con mayor participación en cobertura financiera y la búsqueda de fórmulas que alivien los “dolores” de los pacientes chilenos. En esa línea, iniciativas como los “descuentos” por día de las farmacias; la licitación de medicamentos para afiliados de Fonasa; la tramitación de leyes en el Congreso; la compra de bioequivalentes a Cenabast; la instalación de un observatorio de precios, entre otras, son valoradas, pero aún no están plenamente en marcha para medir el real impacto en el bolsillo (se ha dicho bajas del 30%) y si son equitativas para toda la población.
Se anunció que uno de los ejes centrales de la actual administración del Presidente Piñera es bajar los precios de los medicamentos en el sector público y privado. El desafío también debe estar en abogar por una mayor competencia en los fármacos, garantizando su eficacia y calidad para que sean a un costo accesible. La evidencia de la necesidad de tomar medidas está y el momento es ahora: es imperativo que se llegue a acuerdos de política pública y se implementen normativas que eviten seguir poniendo en riesgo la salud de la población al limitar el acceso a tratamientos por falta de recursos. De paso, ayudaría a recuperar el optimismo de los pacientes en lograr una mejor calidad de vida y podría ser un aporte para mejorar la confianza de la ciudadanía en la gestión y compromiso de sus autoridades, algo que está al debe cuando de instituciones se trata.