POLÍTICA
Aunque con menos ruido público que el generado por otras polémicas, la semana política comienza marcada por la votación de una nueva reforma constitucional que busca modificar la facultad de las acusaciones constitucionales y ampliarla a los gobernadores regionales. La iniciativa que debe votarse en la Cámara de Diputados este martes es el resultado de la fusión de varios proyectos que surgieron luego del caso Fundaciones. Como en su tramitación ha tenido apoyos cambiantes, aún no está claro si será aprobada en la votación en Sala, donde requiere de 89 votos.
En todo caso, es probable que el apoyo aumente entre aquellos parlamentarios que aún no se definen, luego de que el viernes recién pasado la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, fuera destituida por el Tribunal Calificador de Elecciones por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad, convirtiéndose en la primera gobernadora electa en recibir este castigo. Es importante recordar, en todo caso, que la exfuncionaria que fue elegida como independiente apoyada por el Partido Ecologista Verde ya estaba suspendida hace dos meses luego de una resolución de Contraloría y una sentencia de la Corte Suprema. La votación en la Sala, en todo caso, estará marcada por las negociaciones al interior de las coaliciones y también por la capacidad de los impulsores de convencer a sus pares que la reforma va más allá de una iniciativa realizada al calor del debate y que promueve una adecuada fiscalización desde el poder legislativo.
En la misma Cámara de Diputados esta semana también se votará otro proyecto de ley relevante: el de protección de datos personales, que cumplirá siete años de tramitación. Este lunes la Sala debe despachar el informe de la Comisión Mixta (que resolvió diferencias entre ambas cámaras) de una norma que busca transformar radicalmente el procesamiento y uso de datos por empresas y organizaciones. Entre las más relevantes se encuentran la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales y la creación de nuevos derechos como acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales. En esa línea, también implica que las empresas y organizaciones deberán transformar sus formas de acceso y el uso de datos de terceros, evitando, por ejemplo, prácticas que hoy son habituales como los spam telefónicos o digitales sin que haya una autorización expresa de los titulares de los datos.
Uno de los elementos que más diferencias generó en la tramitación -y que se incluye en la redacción final- es el endurecimiento y especificación de sanciones respecto de la actual ley del consumidor y de datos personales. Así, en casos de faltas graves las multas podrían superar los $1.300 millones de pesos y, en caso de reincidencia y agravantes, llegar hasta el 4% de los ingresos anuales de las compañías.
Pero los partidos no solo estarán enfocados en estas votaciones. También esta semana se espera que la coalición oficialista nuevamente tenga polémicas internas por la posición de sus miembros sobre Venezuela y las elecciones. Luego de que el fin de semana el Presidente Boric calificara al país como una dictadura y que el presidente del Partido Comunista retrucara que no lo es, porque existe separación de poderes, los partidos de Socialismo Democrático han subido la presión contra sus socios y también contra los ministros y autoridades comunistas, quienes han marcado diferencias respecto de Carmona. Aunque no es extraño que el PC apoye al gobierno venezolano -del cual ha sido un aliado histórico- la permanente presencia de Lautaro Carmona puede interpretarse como un mensaje a sus bases más tradicionales, reforzando el rol independiente del partido en un gobierno que ha tenido al centro, buscando mantener el apoyo en las próximas elecciones municipales y regionales. Esta gestión se basa en la habitual habilidad de Carmona de moverse en la dualidad de apoyo/oposición en las coaliciones que participa el partido, ya que si bien mantiene su postura dura, también convive con las generaciones más nuevas que están representadas en los ministerios.
En otro ámbito de la política, aunque motivado por los hechos judiciales, esta semana también se espera que continúen las esquirlas políticas del caso Audios. Luego de que la semana pasada fuera el turno de la formalización del abogado Luis Hermosilla y de sus operadores como Leonarda Villalobos, esta semana se deben entregar los argumentos de la defensa (que en busca de acuerdos o menores penas entregue nuevas informaciones) y tomar la decisión de si el tribunal define cautelares como prisión preventiva. Es importante recordar que la relevancia política del caso va más allá de la judicial -que de por sí es relevante dados los delitos por los que se le ha formalizado como estafa, lavado de activos y cohecho- ya que los chats de su teléfono han mostrado tráficos de información e influencias con políticos, jueces, fiscales y directores de la policía.
Por ello, se espera que esta semana tanto las personas como las instituciones nombradas refuercen sus estrategias políticas, legales y comunicacionales sobre la base del mismo argumento: su desconocimiento de las gestiones de Hermosilla, la negación de eventuales delitos y de relaciones delictivas. En este sentido, por ejemplo se espera que la UDI refuerce el cerco alrededor de Andrés Chadwick -y por extensión al rol del partido en el gobierno de Sebastián Piñera- y que otros como Sebastián Sichel (candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Ñuñoa), el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus o el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, continúen marcando su independencia respecto del abogado.
ECONOMÍA
Esta semana, el domingo 01 de septiembre, entrará en plena vigencia la nueva ley de delitos económicos, ampliando significativamente el alcance de los delitos considerados, pasando de una veintena a más de 200, y extendiendo la responsabilidad penal a gerentes y directores de empresas. Esta normativa implicará un cambio de paradigma ya que las empresas podrán ser objeto de persecución penal por diversos delitos, incluyendo colusión, estafas, delitos tributarios, y atentados contra el medio ambiente, entre otros.
La ley representa una evolución muy relevante ya que introduce la justicia corporativa, mediante la cual las organizaciones deberán auto supervisar sus irregularidades mediante modelos de prevención de delitos. Las sanciones para las empresas incluyen multas que se calculan en función de los ingresos, lo que ha generado preocupación debido a su potencial impacto, especialmente en empresas medianas con márgenes de utilidad bajos.
La semana económica también estará marcada por las expectativas del mercado ante la publicación del tercer Informe de Política Monetaria, IPOM, que se realizará la próxima semana. De acuerdo a lo planteados por analistas y medios de comunicación, se anticipa que el Banco Central de Chile ajustará a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB e inversión para 2024, debido a un desempeño económico más débil de lo esperado, con el rango de crecimiento del PIB reduciéndose posiblemente a entre 2% y 2,5%. Al mismo tiempo, se espera un aumento en la proyección de inflación, situándose entre 4,5% y 5%, impulsado por factores como el alza del dólar y los aumentos en las tarifas eléctricas.
Paralelamente, el reciente anuncio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre futuros recortes en la tasa de interés, ha tenido un impacto inmediato en los mercados globales, incluido Chile. La expectativa de una flexibilización monetaria ha provocado una caída del dólar, que en Chile se reflejó en una disminución de $11,5, situándose en $908. Este movimiento podría aliviar las presiones sobre el tipo de cambio y dar más espacio al Banco Central de Chile para seguir reduciendo la tasa de política monetaria, beneficiando el acceso a créditos y reduciendo el costo del endeudamiento, especialmente en el mediano plazo.
Pero esta semana también estará marcada por cifras de la minería y posibles decisiones para los próximos meses. Por ejemplo, el Anuario Estadístico de Cochilco mostró que en 2023 la inversión minera llegó a US$14.124 millones, la más alta en una década, enfocada en potenciar capacidad productiva y nuevos desarrollo. Es importante destacar que la mayor cifra fue invertida por las mineras privadas (US$9.819 millones), versus Codelco, que invirtió US$4.368 millones. Si se toma en cuenta el aporte de Enami, este es marginal en términos de inversión.
En el sector inmobiliario, en tanto, las noticias no mejoran, ya que la cantidad de proyectos con venta en blanco ha aumentado debido a la necesidad de asegurar financiamiento. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) reporta un récord histórico de 67 mil viviendas disponibles para entrega inmediata en la Región Metropolitana, con un tiempo estimado de 31 meses para agotar el stock. Esto refleja un sobre stock y una desaceleración en la velocidad de ventas, impulsando a las inmobiliarias a ofrecer mayores descuentos en propiedades listas para entrega, lo que ha reducido la participación de las ventas en blanco y en verde a la mitad de las transacciones totales en comparación con años anteriores. Además, en la Región Metropolitana se ha visto un aumento significativo en la participación de extranjeros en la compra de departamentos, alcanzando un 13,3% en 2024, frente al 6,8% de 2019.
En el mercado cambiario, el dólar en Chile hoy, lunes 26 de agosto, está cotizando a $911,01.
SALUD
La última semana de agosto para el sector de la salud estará marcada por el informe con las primeras recomendaciones que presentará este martes el Consejo Consultivo sobre los planes de pago de las Isapres. La mesa de expertos está constituida por cinco personas y durante julio, recibió las primeras propuestas sobre el ajuste de cinco aseguradoras: Consalud, Banmédica, Vida Tres, Nueva Masvida, y Cruz Blanca. El informe con las primeras recomendaciones se entrega en el contexto de la implementación de la Ley Corta de Isapres que aprobó el Congreso en mayo de este año, la cual busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.
De acuerdo a lo establecido, en julio empezó a operar el Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, que tiene por función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago y ajustes de las Isapres. El Consejo Consultivo es integrado por Cristóbal Cuadrado, César Cárcamo, Paula Benavides, Claudio Sapelli y Patricio Fernández. De acuerdo al acta de la primera sesión del Consejo, la unanimidad de sus integrantes definió que la presidenta de la entidad es Benavides, mientras que Cárcamo fue electo como subrogante.
Con relación a los pasos siguientes, se espera que la Superintendencia de Salud acepte o instruya cambios al documento presentado por el Consejo Consultivo. Luego, cada Isapre deberá presentar un nuevo plan con las modificaciones correspondientes, en un plazo de treinta días contado desde la notificación del acto administrativo que instruye las modificaciones. Recibida la propuesta con los ajustes, la Superintendencia deberá remitirlo dentro del segundo día hábil al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales, el que tendrá un plazo de diez días para entregar su recomendación, según la ley. Por ende, el día de mañana será crucial no sólo para avanzar en la implementación de la Ley Corta, sino también, para prever el futuro de las aseguradoras.
Otro de los temas relevantes, es lo que hará el Ministerio de Salud respecto al manejo de la crisis por listas de espera a raíz del descubrimiento de cartas certificadas dirigidas a pacientes encontradas en un basural clandestino en Talca, región del Maule. Este hallazgo se suma a informes previos de la Contraloría General de la República que revelan irregularidades en la gestión de este tema en otros hospitales regionales del país. Frente a este tema y con el objetivo de buscar soluciones, el diputado Tomás Lagomarsino anunció que durante la semana se buscará la creación de una Comisión Especial Investigadora para abordar esta crisis y además denunciar los errores administrativos cometidos en el Hospital Sótero del Río, donde se eliminaron 300.000 personas de forma indebida de las listas de espera. Además, el parlamentario destaca que estarán pendientes de lo que harán las autoridades sanitarias frente a los altos números de casos en espera de atención especializada, GES y quirúrgica.
Por otro lado, otro de los puntos claves para la Comisión Especial, es investigar qué sucedió con los recursos económicos aprobados en años anterior para frenar el aumento de las listas de espera, ya que no se conocen el destino de los montos aprobados y cuál fue la solución real frente al tema.
Por último, la agenda legislativa de la Comisión de Salud del Senado analizará la implementación de la ley del cáncer y políticas sanitarias para enfrentar el cáncer. A esta sesión se invitará a la ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera; a la presidenta de Fundación Care, Cecilia Bolocco; a la directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), Carolina Goic; a la presidenta de Fundación Mujeres por un Lazo, María Elisabeth Guesalaga, y al presidente de la Agrupación la Voz de los Pacientes, Víctor Hugo Flores.
Sumado a lo anterior, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado abordarán la actual crisis de las listas de espera con el fin de buscar soluciones.
En el caso de la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud, buscará legislar sobre fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales respecto al mal uso de licencias médicas. En esta oportunidad, se encuentra citada la ministra de Salud, Ximena Aguilera para dar cuenta de la situación.