A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:
POLÍTICA
La semana comienza marcada por el asesinato de tres carabineros en una emboscada perpetrada el sábado en la madrugada en Cañete y la fuerte conmoción nacional provocada por la gravedad y violencia del hecho. Luego de un despliegue masivo de autoridades en la zona el fin de semana, las autoridades comienzan a definir decisiones respecto del hecho y de las consecuencias políticas asociadas. El gobierno definió que el toque de queda se mantenga en la zona -incluso se adelantó el horario ayer domingo-, pero descartó decretar estado de sitio, planteando que no agrega facultades relevantes al estado de excepción que ya rige en la provincia de Arauco, e invocar la ley antiterrorista. Sobre la investigación, aunque el Ministerio Público mantiene reserva de los ejes principales, la ministra del Interior, Carolina Tohá, planteó que hay pistas que se están siguiendo, por lo que no se “está en blanco”. De hecho, aunque no lo vinculó directamente con el hecho, planteó que en la zona hay indicios de crimen organizado en temas de drogas o robo de madera.
Junto a ello, también el gobierno definió no presionar en los próximos días por la anunciada salida del general director de Carabineros, que había sido anunciada para el 03 de mayo. Bajo la idea de no introducir más tensiones al trabajo policial y no dar “otro golpe a la institución”, la ministra del Interior, Carolina Tohá afirmó que se postergaría -sin dar una fecha cierta-, aun cuando haya diferencias entre los partidos de gobierno sobre la conveniencia de mantener a Yáñez en su puesto. Junto a ello, hoy en la mañana, el Ministerio Público ingresó un escrito para solicitar que la audiencia de formalización al general director y a los otros imputados en la causa sea postergada. Y si bien la razón fue “por las reiteradas solicitudes de la defensa para contar con más tiempo para revisar antecedentes”, también ha sido vista como un gesto hacia la institución para este período, aunque se mantiene la investigación y la idea de acusar a los responsables.
Junto a estas medidas, el Congreso decidió suspender la semana distrital (en la que habitualmente no se realizan sesiones) para tratar proyectos de ley relacionados con seguridad y apurar su votación. Como es habitual en los parlamentarios, hechos relevantes son utilizados por diferentes bancadas para tratar de posicionarse políticamente ante la opinión pública, aunque en general acciones profundas -como acuerdos o negociaciones- no suelen avanzar mucho. En todo caso, la convocatoria se enfoca en proyectos que llevan largo tiempo en tramitación sin avances significativos: en la cámara se debatirán los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza, en la comisiones unidas de Constitución y Seguridad, y el proyecto de ley de adecuaciones a la ley de Inteligencia, en la comisión de Defensa. En el Senado, en tanto se verán los siguientes proyectos, que tampoco han avanzado por falta de acuerdos: proyecto de ley de infraestructura crítica; modificaciones a la ley antiterrorista; eventual tratamiento de artículos de la RUF que apruebe la cámara de Diputados y, por último, la derecha desea apurar el paso del proyecto de ley de amnistía general para uniformados y policías procesados por acciones en el contexto del Estallido Social.
Como se ve por los proyectos de ley que se están impulsando, en esta semana debería producirse una alta conflictividad en el congreso -y la política en general- por el despliegue de la oposición contra el gobierno, destacando el aumento de los hechos de violencia y culpándolo por inacción ante ellos. En época electoral, el homicidio de los carabineros está siendo fuertemente capitalizado por la derecha, especialmente por la baja aprobación del gobierno en términos de seguridad y delincuencia.
Si bien la semana continuará enfocada en los temas de seguridad, la política también deberá comenzar a tratar pronto un tema planteado por el Presidente Boric la semana pasada en Enade: la eventual reforma al sistema político para disminuir la fragmentación de los partidos. Aunque el Mandatario marró el tema a otros como el avance en la reforma de pensiones como una forma de presionar a la oposición, se espera que comiencen negociaciones pronto y que se avancen antes de la campaña para las municipales.
ECONOMÍA
La semana económica comienza con reportes sobre el estado de los negocios en el país. Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción informó que en el primer trimestre de 2024, Chile ha enfrentado un desafío significativo en cuanto a la demora en la aprobación ambiental de proyectos, con un tiempo medio de visado de 18,6 meses, el más alto en la última década. Según el gremio, el stock de inversión a la espera de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ha alcanzado los US$ 62.300 millones, lo que representa un obstáculo considerable para la inversión a largo plazo en el país. Este incremento en los tiempos de tramitación se atribuye a nuevas exigencias en la evaluación ambiental, así como a desafíos en el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana. Además, la proliferación de guías y lineamientos regulatorios ha complicado el proceso, impactando negativamente en la claridad y certidumbre.
En cuanto a la productividad, Clapes UC informó que Chile ha experimentado una tendencia a la baja, registrando una caída del 2,5% anual en el último trimestre de 2023, marcando siete trimestres consecutivos de descensos. Este declive persistente también se reflejó en el cierre del año pasado, con una disminución del 2,5%. Esta reducción en la productividad total de factores (PTF) ha impactado negativamente en el crecimiento económico del país, dificultando la posibilidad de alcanzar un crecimiento del PIB superior al 2%. Los índices que miden diversos aspectos de la productividad, como la productividad laboral y el stock de capital, mostraron un deterioro generalizado durante 2023, sugiriendo la necesidad urgente de abordar problemas estructurales para impulsar la capacidad de crecimiento económico de Chile.
En una línea relacionada y que generará reacciones esta semana, el Consejo Fiscal Autónomo, ha alertado que Chile enfrenta un panorama de estrechez fiscal después de años de inyecciones masivas de recursos para superar diversas crisis, como terremotos, incendios y la pandemia. Debido a ello, la deuda fiscal se ha disparado, cerrando este año en torno al 41,2% del PIB, en comparación con el 28% previo a la pandemia. La situación se agrava por la disminución de los ahorros fiscales, como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que ha caído al 1,9% del PIB. Expertos y agencias calificadoras advierten sobre la rápida deterioración de las finanzas públicas y el riesgo de un mayor endeudamiento, especialmente si el crecimiento económico sigue siendo bajo. Se destacan las crecientes presiones de gasto, la necesidad de reconstruir los activos del FEES y la importancia de aumentar los ingresos fiscales de manera sostenible. Sin embargo, las reformas necesarias enfrentan obstáculos políticos, lo que agrava la vulnerabilidad de Chile ante futuras crisis.
Pasando al ámbito de inversiones y rol del estado puede ayudar en su promoción, una buena noticia esta semana: En el ámbito de las concesiones marítimas, el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (FFAA), informó que ha incrementado en un 70% las concesiones tramitadas durante el año 2023, como parte de un esfuerzo por agilizar este proceso identificado como uno de los más engorrosos del país. En el primer trimestre de 2024, la subsecretaría ha continuado con esta tendencia positiva, logrando la producción trimestral más alta de los últimos seis años, con 441 concesiones completadas. A pesar de una ligera disminución en la cantidad de solicitudes ingresadas, se destaca el esfuerzo continuo por reducir el «stock» de trámites pendientes y mejorar la eficiencia del proceso de concesiones marítimas.
En el ámbito de las pensiones, la subsecretaría de Previsión Social informó que el número de beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) en Chile ha experimentado un aumento significativo desde su creación. Según el informe estadístico, desde la instauración del SPS en julio de 2008, el número de beneficiarios se ha multiplicado por cinco. Desde la implementación de la PGU en febrero de 2022, el número de beneficiarios ha aumentado en un 31%. Este crecimiento se refleja también en los montos pagados en pensiones solidarias, que han aumentado en un 873% desde el inicio del SPS y en un 34% desde la implementación de la PGU. En 2023, el 58% de los beneficiarios fueron mujeres y el 42% hombres. La mayoría de los beneficiarios recibió la PGU contributiva, seguida por la PGU no contributiva. En total, en 2023 se incorporaron 219.081 personas como beneficiarias de la PGU, y se pagaron $5.815.407 millones reales en pensiones solidarias. En cuanto a las solicitudes de beneficios de PGU, cerca del 76,5% fueron concedidas, un 12,6% fueron rechazadas, y un 10,6% estaban en trámite.
En una noticia de negocios vinculada al ámbito judicial, hoy se informó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por un presunto fraude millonario al fisco en Codelco. Se estima que el ilícito ascendería a casi $13 mil millones. La querella se basa en irregularidades encontradas en la adjudicación de un proyecto de mantenimiento del horno flash de la División Chuquicamata a la empresa Outotec. Según el CDE, hubo acciones dolosas destinadas a defraudar el patrimonio fiscal, como la modificación de la fecha de recepción de ofertas sin notificar a los oferentes, lo que favoreció a Outotec, y la falta de documentación formal de adjudicación del servicio. Además, se destaca la contratación de la opción más costosa sin justificación, la falta de descuentos por servicios no prestados y la ausencia de multas por retrasos e incumplimientos. Se estima que el perjuicio económico para Codelco asciende a $12.802.921.349. Estos hechos, que se remontan a 2017, apuntan a un presunto entramado de conductas dolosas que resultaron en la suscripción y ejecución de un contrato perjudicial para la empresa pública. El presidente del directorio en ese momento era Nelson Pizarro.
Hoy, lunes 29 de abril, el Banco Central de Chile reportó que el precio del dólar en el país se sitúa en $947,68. Esto marca una disminución respecto al cierre de la semana pasada, cuando el viernes finalizó en $948,61 y el jueves alcanzó los $954,58.
SALUD
En términos del área de salud, la semana estará enfocada en el proceso final de la tramitación de la Ley Corta ya que luego del feriado del 1 de mayo, el Congreso conformará la Comisión Mixta para terminar de tramitar la iniciativa legislativa. Esta debería quedar aprobada debido a que quedan dos semanas para que rija el fallo de la Corte Suprema que obligará a las aseguradoras a establecer una tabla única de factores y restituir a los afiliados los montos que se les cobraron en exceso. El plazo final se cumple el próximo 12 de mayo.
La incertidumbre sigue para aquellos pacientes que se encuentran bajo tratamiento médico crónico o complejo que no puedan descontinuarse y que, debido a sus preexistencias, podrían tener dificultades para cambiarse de Isapre a FONASA. Ante esta situación, también será clave las acciones que tomará el Gobierno luego de comprometerse a garantizar la continuidad de sus tratamientos. Ante esto, se realizó una estimación que consideró a los afiliados que activaron su Garantía Explícita en Salud (GES), tienen condiciones crónicas y oncológicas, así como quienes cuentan con una cobertura adicional para enfermedades catastróficas y se sumó el promedio de gasto de usuarios de Isapres en licencias médicas. Se estimó que cerca de 256 mil afiliados requerirían continuar algún tratamiento, lo que en el caso de que las seis Isapres entraran en insolvencia, significaría al Estado un déficit anual de US$ 71 millones, aun considerando que estas personas aportaran su 7% al fondo público. Si bien esta cifra podría variar, lo considerable de este gasto hace que el escenario sea muy desafiante frente a un sistema económico y sanitario inestable.
Y también relacionado al sistema de salud, es la cantidad de personas que se han afiliado al Fondo Nacional de Salud (FONASA) en el último tiempo y que preocupa a las Isapres. Se calcula que, hasta finales del año pasado, al menos el 82% de la población de Chile se encontraba afiliada al Fondo Nacional, con 16.229.898 personas recibiendo cobertura financiera y sanitaria por parte del sistema público. Frente a esto, las aseguradoras continúan remarcando que la crisis que atraviesan necesita una solución ya que, durante todo el proceso legislativo, se generó un ambiente de incertidumbre que ha generado perdidas para ellos. Es así como, mediante un nuevo comunicado conjunto, calificaron de “inútil” el proyecto de Ley Corta, además de destacar que de aprobarse la ley como está o si no hay ley, van encaminadas a su fin.
Otro tema importante que se analizará esta primera semana de mayo será el estado de la campaña de invierno. Hasta la semana pasada los expertos manifestaban su preocupación por la baja vacunación de la influenza de los grupos de riesgo, pero según las cifras del ministerio de Salud se evidencia un positivo avance ya que en las seis semanas de la campaña 3,9 millones personas se han vacunado, lo que corresponde a una cobertura de un 42%.
En materia legislativa, las Comisiones de Salud tanto del Senado como de la Cámara de Diputados se encuentran en receso como lo hubieran hecho en semana distrital, aunque debido a los últimos sucesos en la región del Bío Bío sus integrantes estarán en el Parlamento en sus otras labores, específicamente para acelerar la discusión de proyectos sobre seguridad.