A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:
POLÍTICA
La última semana política del año estará dedicada a los últimos balances y a lo que en política se llama señales: declaraciones o propuestas que lo que buscan es generar discusiones o al menos comprender cuál es la disposición de los actores para avanzar o pelear. Luego del plebiscito constitucional, las señales políticas se han enfocado en tantear posibles candidaturas presidenciales en ambos lados del espectro y también en temas que los partidos pueden utilizar para fortalecerse.
En el caso de las candidaturas, el resultado del plebiscito hizo que partidos levantaran a sus figuras, buscando definir si tienen apoyo suficiente. En la derecha, tanto José Antonio Kast (Republicanos) como Evelyn Matthei (UDI, Chile Vamos) han aparecido en prensa atacándose por sus eventuales responsabilidades en la derrota, como buscando plantearse como líderes de consenso. En la coalición oficialista, la discusión se ha centrado sobre la figura de la expresidenta Michelle Bachelet que fue levantada por políticos de su partido.
Ya directamente en la discusión contingente, las señales para esta semana y el año que comienzan se centran en la posible acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, la agenda de seguridad y la disputa por la reforma de pensiones. Como en las tres las posiciones están bastante distanciadas entre gobierno y oposición, esta semana es clave para ver cómo partidos pivotes o líderes de ambos lados puedan establecer puentes o definir estrategias de atracción.
En el caso de la acusación contra Montes, si bien la semana pasada posplebiscito -y muy motivada como contrataque a la presentación de la reforma de pensiones- tuvo fuerza importante, ha tenido a perder apoyo. Aunque la comisión revisora (primer paso) ya está constituida, hasta el momento sus promotores no han logrado reunir los 78 votos que se requieren. Como Chile Vamos no tiene suficientes (especialmente por las dudas de Evopoli), requiere necesariamente del apoyo de terceros partidos, que han manifestado no estar disponibles.
En el caso de la agenda de seguridad, la meta gubernamental es lograr acuerdos para poder concluirla antes del receso legislativo de febrero, lo que se complejo debido a que ambas partes aún no logran llegar a un consenso en cinco proyectos claves: características del nuevo Ministerio de Seguridad, modificación al sistema de reglas de uso de la fuerza, sistema de inteligencia, creación de defensoría de las víctimas y subsistema de inteligencia financiera que incluye las normas de levantamiento del secreto bancario.
En otro temas políticos, esta semana se producirán reacciones a la propuesta de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, quien propuso una mesa de diálogo para la Macrozona Sur que incluya a la CAM. Bajo la idea de que “deben estar todos”, también planteó que el proceso debe ser conducido por alguien que tenga un mandato político amplio.
Pero el fin de año político también estará marcado por los esperados nombramientos en instituciones claves del estado que no han avanzado por la falta de capacidad de los partidos de ponerse de acuerdo en la propuesta gubernamental y en el congreso: las del nuevo/a Contralor General y de los ministros del Tribunal Constitucional. En el primer caso, el gobierno ni siquiera tiene una lista pública de candidatos que proponer y se espera que pasen varios meses hasta que exista una propuesta. Por mientras, la Contralora subrogante Dorothy Pérez, continúa haciendo cambios internos enfocados en fortalecer la fiscalización a municipios y gobiernos regionales y también en modificar unidades creadas por su antecesor.
En el caso del Tribunal Constitucional, la institución se enfrenta al fin del mandato de dos ministros, Nelson Pozo (cercano al PS) y Cristián Letelier (UDI) el 12 de enero, los que se sumaran a dos cupos que aún no son llenados desde 2022. La gravedad de esto es que el TC quedará solo con 6 ministros titulares y dos suplentes, para un quorum mínimo de funcionamiento de 8 ministros (si alguno falla, viaja o se enferma, el tribunal no podría sesionar). Los cuatro cargos faltantes deben nombrarse forma diferente: para los que están pendientes desde el año pasado se requiere 2/3 en ambas cámaras, lo que complejiza las negociaciones. En tanto, para los que vencen en un par de semanas solo se requiere el apoyo de 2/3 en el senado, lo que llevó a las fuerzas políticas a negociar que los partidos mantengan sus cupos (PS y UDI), restando solamente que se aprueben los posibles candidatos.
ECONOMÍA
La última semana del año termina en el área económica con el debate por la reforma de pensiones entrando en una fase clave (para iniciar el trámite legislativo en enero) y ahora acompañado del análisis de la más reciente propuesta que el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados, dividir el 6% extra de cotizaciones que propone el gobierno en: 1% a empleo mujeres, 2% a cuentas individuales y 3% a seguro social transitorio. También de la intención del gobierno de reorganizar la industria, lo que podría llevar a una futura reconversión de las AFP a gestoras de inversión para seguir funcionando en la gestión de ahorros.
Pero dentro de las otras nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo que se debatirán durante los próximos días y que mantendrán a los parlamentarios sacando cálculos en el Congreso, está la propuesta de un autopréstamo de hasta 1 millón de pesos desde los ahorros provisionales (con ciertas condiciones), lo que hasta ahora se encontraría con la negativa de parte de la oposición, además de un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $206.000 a $250.000 mil pesos.
El pacto fiscal, ahora titulado “Pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal“ será otro protagonista de este fin de año, luego de que quien ha liderado las reuniones con los partidos políticos y la sociedad civil, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, presentara el jueves el borrador final de la reforma definiendo el hito como el ‘término de una etapa’, que se inició en agosto con las primeras conversaciones y que ahora continúa en enero con el ingreso de cuatro primeros proyectos de ley (más tres en marzo) y la convocatoria de una mesa de trabajo prelegislativo para la reforma del impuesto a la renta.
Pero otras medidas para seguir impulsando la inversión público–privada en el país también seguirán evaluándose al cierre del año, ya que aunque ya entraron en ejecución 26 de las 29 medidas del plan del Ejecutivo “Invirtamos en Chile” (las tres pendientes corresponden a materias incluidas en el Pacto Fiscal), la mesa de monitoreo de éstas medidas que convocó el propio gobierno, integrada principalmente por representantes del sector privado, si bien en general está conforme con el avance, ha comentado que es necesario “incluir más propuestas que activen la inversión y el crecimiento” al margen del pacto fiscal (como modernización del Estado y agilización de trámites).
Por lo pronto, el mundo económico estará pendiente al ingreso del proyecto de ley de permisos sectoriales y el que reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en un contexto marcado por los datos contenidos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, que la semana pasada indicó que la economía ha evolucionado según lo previsto en el reporte de septiembre, cuando proyectó que la inflación convergerá al 3% en la segunda mitad de 2024, y destacó que bajo el actual Gobierno crecería 1,7% (en su última reunión del año, el Banco Central redujo la Tasa de Política Monetaria en 75 puntos base, a 8,25%).
También se esperan avances y una mayor tensión respecto al proyecto de nueva Ley de Pesca (promesa de gobierno) que el presidente Boric presentara esta semana al Congreso, luego de que, en líneas generales, el mandatario anunciara que buscarán “disminuir las cuotas de captura asignadas con criterios históricos, permitiendo así la entrada de nuevos actores”. El gobierno propone aumentar a 50% el porcentaje de cuotas que se licitarían, lo que implica bajar las cuotas de pesca asignadas con criterio histórico del actual 85% que poseen las empresas al 50%. En el sector pesquero hay molestia y se plantea que cualquier cambio podría implicar una expropiación, ya que las licencias están protegidas por el derecho de propiedad.
El precio de la bencina también será tema, ya que ha venido bajando en las últimas semanas. El 6 de diciembre experimentó una importante caída y se mantendrá en ese nivel hasta esta semana, cuando las gasolinas de 93 y 97 octanos anotarán una baja de $27,5 pesos por litro, al igual que para el GLP de uso vehicular. Por su parte, el diésel bajará $16,1 pesos por litro.
También en movilidad, esta semana el sistema Red Movilidad, avanzará a una de las mayores transformaciones en la historia del transporte público de la capital, cuando el miércoles publique el llamado a licitación pública para la Concesión de Uso de Vías, un hito que inicia la primera etapa de un camino que busca incorporar más de 1.200 buses eléctricos nuevos a la Región Metropolitana, el 30% de los servicios que el sistema opera actualmente.
SALUD
La última semana de diciembre, el área de la salud mantendrá el foco en el futuro de las Isapres y sobre todo, en la implementación del fallo GES que ordena a las aseguradoras bajar el valor de la prima de los planes de sus afiliados. Los cotizantes, que rondan los 1,7 millones, verán una disminución en el precio de sus planes que irá desde los $ 5 mil, en el caso de Colmena; $ 8 mil para los beneficiarios de Banmédica y Vida Tres; $ 18 mil para Cruz Blanca y Nueva Más Vida, y $ 28 mil en Consalud. En promedio, las empresas que deben aplicar el fallo verán una disminución del 12,7% de sus ingresos a partir del primer mes del año 2024.
Otro de los conflictos en el caso Isapres es lo que sucederá tras la medida adoptada por el Congreso, que ya aprobó el adelanto de la aplicación del Índice de Costos de Salud (ICSA), porcentaje máximo en que pueden aumentar los planes de salud. Esta medida buscará que los planes se rebajen en marzo, en vez de junio como se hacía hasta este 2023, medida que ha sido criticada por la asociación de isapres porque no sería suficiente para paliar los efectos financieros que conlleva la baja en los precios de la prima GES.
Si bien no hay un monto exacto calculado de cuánto dinero podría subir, todas las estimaciones apuntan a que el alza no debería superar un 5% del precio base de los planes. Desde la Asociación de Isapres, calcularon que el reajuste que podrían hacer sería, en promedio, de 2,8%. Cabe destacar, que Banmédica y Vida Tres, son las únicas aseguradoras que hasta ahora han hecho pública su estimación. Cabe recordar que estas Isapres ya no son parte de la asociación gremial debido a la renuncia al gremio que presentaron durante diciembre de este año.
Con relación a la postura del Gobierno, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, hizo ver que es obligación de las isapres cubrir oportunamente las licencias y el pago de las prestaciones de salud, ante las advertencias del gremio sobre el colapso del sistema y sus seguidos cuestionamientos a la respuesta del Gobierno en esta crisis. La secretaria de Estado, además, ha señalado que el conflicto que hoy vive el sistema fue generado por cobros en exceso por parte de la industria y que todas las medidas adoptadas por las autoridades buscan proteger a los afiliados y que no se llegue al quiebre de las aseguradoras.