A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:
POLÍTICA
En la última semana legislativa de la temporada, esto es antes del receso de febrero, la intensidad será la norma en el Congreso. Hoy, las Comisiones de Hacienda de ambas cámaras revisan proyectos clave y deberían despacharlos a sus respectivas salas. La de Diputados tramitará hasta total despacho la reforma a las pensiones, para así poder pasar a la Sala de la Cámara, donde debe someterse a votación este miércoles, momento clave para ver si están los votos para la idea de legislar y para el contenido.
Hoy, el texto contempla la eliminación de las AFP, sustituyéndolas por dos tipos de entidades con la separación de la industria, así como la creación del Administrador Previsional. El foco también está puesto en la distribución de la nueva cotización con cargo al empleador y el regreso de la fórmula “3 y 3” para destrabar la discusión.
Si no pasa la idea de legislar, se repetiría la misma situación que vivió la rechazada reforma tributaria del año pasado cerrando la discusión de los proyectos que la conforman por un año. Pero, asegura el oficialismo, el Gobierno ha gestionado los apoyos suficientes para que avance esta semana, por lo que el temor del Ejecutivo está puesto en que se rechace en particular lo relativo a solidaridad, mientras también sigue abierta la polémica sobre cómo se deben medir las tasas de reemplazo en el sistema de pensiones.
Para este martes y miércoles también están convocados los senadores de la bancada de senadores PPD-Independientes con el objetivo de intentar zanjar quien será la carta de este grupo para presidir la Cámara Alta a partir de marzo. De acuerdo al pacto administrativo y por ser el segundo comité en tamaño del oficialismo, a este grupo de legisladores (integrado por cuatro militantes y dos independientes) le corresponde ahora asumir en la testera.
Por otra parte, seis ministros (Interior, RR.EE., Economía, Medio Ambiente, Agricultura, y Trabajo y Previsión Social) seguirán en el foco de la crítica en el contexto de la trama de reuniones con empresarios que sostuvieron en la casa del lobista Pablo Zalaquett, situación que tiene principalmente damnificada a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de que la semana la comisión de Medio Ambiente de la Cámara se negara a legislar un proyecto de ley de su agenda y enviara una carta de molestia al presidente Gabriel Boric criticando su caso. Incluso, sectores han solicitado la remoción de la ministra, abriendo el debate respecto a un eventual reajuste ministerial.
Precisamente hoy el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, y el presidente de la Comisión de Ética de la corporación, el diputado Nelson Venegas (PS), se reunirán para resolver la eventual presentación de una denuncia al Ministerio Público por las reuniones realizadas entre parlamentarios y empresarios en la casa de Zalaquett.
Otra polémica que también afecta al gobierno por estos días a la ministra del Interior, Carolina Tohá -y al gobierno en general-, son las críticas de parlamentarios oficialistas, y en especial desde el Partido Comunista (PC), en relación a la revocación de pensiones de gracia a personas que cuentan con antecedentes penales, ya que seguirá discutiéndose el criterio de evaluación para otorgarlos, incluso de las entregadas por el propio presidente Boric.
La crisis de seguridad también seguirá en el foco de atención luego de un nuevo desolador balance en materia de homicidios el fin de semana, y en especial luego de que el PC, en su comité central de este sábado, pusiera la seguridad ciudadana como tema central para el oficialismo, aunque su presidente, Lautaro Carmona, agregó su reproche a la pauta de “la televisión en la cobertura de las noticias policiales, diciendo que esta crea las condiciones par que la gente profundice un temor real que tiene”.
También seguirá generando controversia el juicio contra la ex alcaldesa de la comuna de Maipú (Región Metropolitana), Cathy Barriga, imputada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público (junto a otros miembros de su equipo en la municipalidad). La fiscalía la acusa de participar en el mecanismo para aumentar presupuestos en una cifra cercana a los $31 mil millones, calificándolo como un “monto de perjuicio que es exorbitante”, mientras su esposo, el diputado (UDI) Joaquín Lavín, también podría verse envuelto en el caso.
La polémica investigación en torno al caso ONG´s es otra que seguirá revelando antecedentes en los próximos días, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) desplegara múltiples operativos en distintas ciudades del país para que ocho seremis eventualmente involucradas en el fraude entregaran antecedentes sobre los montos depositados a ONG´s, en particular por transferencias realizadas a las fundaciones “En Red Social” y “Enlace Urbano”. El Ministerio Público aseguró que ahora se están investigando $3.500 millones de pesos en términos de convenios.
La política también seguirá avocada, como desde hace ya algunas semanas, a las posibles alianzas que se generen entre los partidos políticos y sus listas para competir en las próximas elecciones municipales de octubre. El Partido Socialista ya presentó a sus candidatos a alcaldes (78 postulantes), algunos de los cuales incluso esperan competir en primarias con otros postulantes del oficialismo. El martes se reunirán los partidos del oficialismo y la DC para revisar la negociación municipal, luego de que hace pocos días la alianza de gobierno ratificara que concurrirá a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores regionales “en una lista única lo más amplia posible”.
Ante este hecho, Irací Hassler, actual jefa comunal, confirmó su postulación a la reelección como alcaldesa de Santiago con el objetivo de “profundizar el proyecto de cambio que hemos puesto en el centro desde la comuna de Santiago”. Hassler enfrenta una difícil reelección ante recientes cuestionamientos a su gestión, críticas que continuará esta semana.
El poder judicial también tiene novedades y desde esta semana el Tribunal Constitucional estará formado por tres nuevos integrantes (cinco mujeres y tres hombres, abogados de cinco universidades distintas del país) luego de que esta semana juraran en su cargo Catalina Lagos, Héctor Mery y Marcela Peredo, completándose así los 10 cupos de titulares de la magistratura. La cuarta elegida por el Senado hace poco más de una semana, Alejandra Precht, no asistió a la instancia por encontrarse de viaje. De esta forma, queda atrás el período en que, por no lograrse acuerdos en el Senado, hubo dos vacantes abiertas por casi dos años.
Asimismo, en lo internacional, el canciller Alberto van Klaveren informó que Chile junto a México presentaron un escrito ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen los posibles crímenes de guerra cometidos por israelíes o palestinos, en medio del conflicto en Medio Oriente, con el objetivo de “apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga este crimen de dónde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos”, explicó el canciller.
ECONOMÍA
En economía, la semana también estará enfocada en el Congreso el Ministerio de Hacienda ingresará el proyecto de ley -que es parte de su pacto fiscal- que refuerza el cumplimiento tributario de los contribuyentes, lo que incluirá mayores atribuciones de fiscalización para el Servicio de Impuestos Internos (SII); como que sea el propio SII en sede administrativa —y no los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA)— el que resuelva la norma antielusión, idea que estaba presente en la reforma tributaria del gobierno rechazada en marzo del año pasado.
Distintos analistas han planteado problemas asociados a esa norma antielusión, lo que prevé una intensa discusión en este punto, sumado al debate abierto por el director del SII, Hernán Frigolett, quien también insiste en que la resolución de una norma antielusión se haga en sede administrativa, proponiendo un incremento de “acciones de fiscalización”. Esto, luego de que el organismo que dirige informara la semana pasada que la recaudación tributaria total en el país llegó a más de $32 billones (US$ 34 mil millones) a noviembre de 2023, monto que representa una caída de 13,3% respecto de lo logrado en 2022.
Con este contexto, en los próximos días el Gobierno comenzará el trabajo prelegislativo con los expertos de los partidos políticos del proyecto con cambios al impuesto a la renta, que se presentará al Congreso en marzo justo cuando se cumpla un año desde que se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria. El presidente del Senado y representante UDI en la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, reconoce que hay ‘diferencias’ con el Gobierno respecto al diagnóstico de la situación económica, ya que -dice- el Ejecutivo plantea subir los impuestos y la oposición reducirlos.
“En paralelo” a la discusión del pacto fiscal, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, presentará el informe “Estimación de la brecha de cumplimiento en el IVA y el Impuesto de Primera Categoría”. Reporte que concluye que la brecha de cumplimiento tributario total, considerando impuestos como el IVA y corporativo, es de 6,5% del PIB en promedio para el período 2018 – 2020 y que la tasa de incumplimiento en el tributo a las empresas es de 51,4% en promedio. El dato ya es debatido por analistas, mientras que el extenso documento también incluye -y respalda- el contenido del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias —que contiene medidas de control de la evasión y elusión—, aunque su tramitación legislativa se iniciará en marzo.
También seguirá en la palestra el proyecto de ley que ingresó la semana pasada el gobierno para estabilizar gradualmente las tarifas eléctricas, congeladas desde 2019, junto con mitigar las inminentes -y excesivas- alzas en las cuentas de la luz que fueron alertadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Diputados de la “bancada transversal por la baja de la tarifa de la electricidad” -que va desde la UDI al PC- acusan no haber sido escuchados por el ministerio de Energía, advirtiendo que “no estarán sus votos” y que “la única alternativa es que el Gobierno renegocie los contratos con las generadoras eléctricas”. El ministerio abrirá esta semana un espacio de trabajo reglamentario con asesores del Congreso para abordar el tema.
Los efectos indeseados que podría generar el proyecto de ley que busca prohibir a los empleadores preguntar por las pretensiones de renta y obligar a las empresas a transparentar los sueldos que ofrecen durante procesos de búsqueda de trabajadores, también será tema de debate, luego de que hace pocos días fuera aprobado en general por la Cámara de Diputados. Más allá de las virtudes resaltadas por los diputados que impulsan la iniciativa, expertos y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) han advertido de que se trata de ideas que podrían generar distorsiones importantes en el mercado del trabajo y fomentar “colusión de sueldos” (para fijar salarios).
Respecto al dólar, arrancó esta semana anotando una leve baja al mantenerse muy cerca de los $910 mientras el mercado se prepara a enfrentar una noticiosa semana con datos clave provenientes desde Estados Unidos. Hoy por la mañana, la tasa de cambio descendía $1,68 pesos, en puntas de $907,52 vendedor y $907,21 pesos comprador.
SALUD
La semana comienza marcada por la revisión que está haciendo la Comisión de Hacienda del Senado del proyecto de ley corta de isapres. La sesión se anticipa maratónica, pues se busca votar en la Sala del Senado y despachar a segundo trámite la iniciativa antes del receso legislativo de febrero. Mayo es el último plazo entregado por la Corte Suprema, lo que explica la premura del Ejecutivo.
Hasta ahora el contenido aprobado genera más problemas que el presentado inicialmente, en especial luego de que la semana pasada los senadores decidieran rechazar el artículo que permitía que las isapres pudieran aplicar -elevados- reajustes en los precios de los planes de salud, haciendo el monto de devoluciones “inabordable”, según alertan las aseguradoras.
Cabe recordar que la semana pasada el directorio de Clínicas de Chile nombró a Javier Fuenzalida Santander como presidente de la entidad, quien deberá abordar de inmediato la crisis de las isapres ya que hoy ya está afectando de forma paralela y de manera importante a las clínicas del país y la continuación de tratamientos e intervenciones de pacientes, según alertaron.
De paso, hoy se incluyó un nuevo antecedente a la discusión del sistema de salud tras los dichos de la ex coordinadora de la Unidad de Análisis Económico en Salud de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), Daniela Sugg, quién criticó el informe financiero del Gobierno sobre la ley corta de isapres, señalando que subestima el impacto fiscal. También destacó que el cambio propuesto no considera el comportamiento cambiante de los usuarios de algunas aseguradoras. Por ende, se espera las reacciones de las autoridades sanitarias a estos nuevos datos.
La economista también señaló que las indicaciones aprobadas durante la semana pasada, comprometen, en el caso de que la isapre vea cancelado su registro, a Fonasa, ya que a esta entidad le correspondería continuar las Garantías Explícitas en Salud (GES) en los prestadores privados, la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) y sentencias judiciales. Alertó que esto tiene costo directo y nuevo para el seguro público que “no estaría cuantificado en el informe financiero”, pero que un reciente estudio de la UNAB estima en al menos $332.741 millones.
El área de salud también estará enfocada en lo que sucederá con el caso de las listas de espera, debido al preocupante aumento en el número de fallecidos de acuerdo a las cifras que presentó el Ministerio de Salud la semana pasada, cuya información abrió el debate respecto a la necesidad de tomar medidas urgentes que permitan asegurar una atención de salud a tiempo.
Ante esto, legisladores encabezados por el Senador Pedro Araya y la Diputada Catalina Pérez, emplazaron al Gobierno a tomar medidas tras el aumento de fallecidos en listas de espera, señalando que debido a la pandemia se produjo un atochamiento, especialmente en cirugías, y criticándose el limitado número de operaciones que pueden realizarse actualmente en hospitales y en clínicas privadas bajo el sistema de salud público. Los parlamentarios plantearán al Ministerio de Salud priorizar aquellas cirugías que son más urgentes y de aquellas personas que llevan más tiempo esperando.
También será importante el llamado que hizo el Ministerio de Salud a los grupos de riesgo para que mantengan al día sus esquemas de vacunación debido al brote de una nueva variante de Covid-19 “Pirola”, ya que existe una alerta internacional por la propagación en más de 40 países de la cepa JN.1, sublinaje de Ómicron. La Organización Mundial de la Salud la ha calificado como una variante ‘de interés’ y ha efectuado un llamado a reforzar las medidas de contención.
Respecto de las sesiones en las comisiones de Salud, en el Senado se encuentra programada la sesión donde se analizará la agenda regulatoria de medicamentos y recetas en el país. También se analizará el proyecto de ley que define a los establecimientos de salud como asistenciales-docentes y señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior. A este punto se encuentra citada la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
En tanto, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados iniciará la discusión del proyecto de ley que modifica cuerpos legales para sancionar a directores, gerentes, administradores, apoderados y representantes legales de isapres declaradas en quiebra y cuya gestión haya sido dolosa o culposa.