En una nueva semana, la política no logra superar la llamada crisis de seguridad pública, ya que la agenda sigue tomada por este tema y sus consecuencias en las relaciones al interior del gobierno. La fuerte presión mediática, institucional y partidista sobre el gobierno se mantiene, obligándolo a generar nuevas medidas rápidamente, a cuidar sus declaraciones y a mediar entre los partidos que lo componen. Luego de la aprobación de la llamada ley Naín-Retamal y otras normas antidelincuencia por el Congreso, el gobierno ha anunciado medidas para apoyar el combate a la delincuencia, con un presupuesto global de US$1.500 millones. Este presupuesto reforzará una serie de áreas y se irán definiendo los énfasis durante el año.
Pero el gobierno está consciente de que debe comenzar a mostrar resultados pronto, especialmente por el alza de críticas y la caída en la confianza ciudadana sobre su labor en este campo. Así, el gobierno anunció que una de las primeras medidas será el plan Calle sin Violencia que se enfocará en la intervención de 30 barrios en diferentes comunas en los que se concentran los delitos violentos. Este plan consistirá en reforzamiento de patrullajes, control de armas, búsqueda proactiva de delincuentes con órdenes pendientes y patrullajes preventivos. Junto a este plan, el gobierno también anunció la renovación de los móviles de la institución a través de la compra de 1.054 vehículos blindados, inversión en telecomunicaciones y cambios en las formas de patrullar (se aumenta de 2 a tres funcionarios y el tercero estará certificado para utilizar una subametralladora). Como parte de este proceso, el gobierno también está rediseñando su relación con Carabineros, especialmente enfocado en combinar la reforma que es parte de su programa de gobierno y también reforzar sus relaciones de forma de lograr una mejor coordinación y efectividad policial.
Pero la crisis no solo está en la calle, sino también al interior del gobierno, ya que ha profundizado las diferencias entre las dos coaliciones que lo forman. A medida que se han sucedido los hechos, se ha ido imponiendo la visión de Socialismo Democrático -que ocupa los ministerios principales- sobre la necesidad de reforzar a las policías y de generar medidas rápidamente. Y si bien el Presidente ha definido esta estrategia, su coalición continúa manifestando diferencias profundas tanto en el fondo -el método para abordar la crisis en el corto y mediano plazo-, como en la forma, que implica que Apruebo Dignidad pierde fuerza y posicionamiento, quedando como un opositora a lo que su mismo gobierno define.
Y este es un problema relevante ya que el gobierno debe hacer esfuerzos importantes para recuperar la agenda en un tema que le es complejo y en el que una serie de actores han tomado un protagonismo mayor. Por ejemplo, esta semana comienza con la anunciada cumbre de fiscales regionales con el Fiscal Nacional para analizar la migración irregular y las medidas anunciadas como la futura solicitud de prisión preventiva para extranjeros que no cuenten con cédula de identidad.
Pero la política también está en otros ámbitos. Es así como el Congreso verá temas claves de la agenda social. El más relevante se producirá el martes con la votación en Sala de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de 40 horas laborales, que debería ser aprobado por amplia mayoría, quedando listo para convertirse en ley antes del 01 de mayo, como era el objetivo del gobierno. La Cámara de Diputados también debe votar este lunes la extensión del estado de excepción en la Araucanía, lo que debería llevar a una nueva aprobación.
En otros temas de la agenda social, se espera que las discusiones políticas se enfoquen en dos asuntos: la reforma de pensiones y el sempiterno tema del sexto retiro de fondos de pensiones. Aunque ambos no se discutirán esta semana en las comisiones, sí generarán efectos, ya que, por ejemplo, en el primer caso la Mesa Técnica de Pensiones, instancia que se creó para avanzar en la discusión con diferentes actores (aunque en ella no participó Chile Vamos) concluye su trabajo este jueves 13. En el segundo caso, en tanto, continúa la presión mediática de la llamada bancada del retiro encabezada por Pamela Jiles, para que el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Raúl Leiva, ponga el tabla el tema para su discusión la próxima semana.
PROCESO CONSTITUCIONAL
Luego de la aprobación en general del texto por el Pleno de la Comisión Experta, se espera que este miércoles la secretaría general informe sobre las normas y que abra el período para ingreso de indicaciones, que es de cinco días. Al finalizar ese proceso, deben discutirse en las subcomisiones y luego votarse para volver al pleno.
Si bien la votación en el Pleno se llevó sin contratiempos, se espera que se ingrese un número importante de indicaciones. Es importante destacar que para ser aprobadas, las indicaciones deben tener un apoyo de tres quintos para que puedan se llevadas por la subcomisión a ser discutidas en el Pleno. Por lo mismo, esta semana parte importante del trabajo de los consejeros se enfocará en lograr consensos que permitan lograr el umbral requerido, de forma que la indicación ingresada tenga un buen destino.
Si bien aún no hay anuncios oficiales de enmiendas, se espera que se ingresen algunas en los siguientes temas, considerando las discusiones previas entre los comisionados y comisionadas:
- Ajustes al sistema electoral proporcional, como mantener el umbral de 5% o incluir las listas cerradas, paridad y reserva de escaños para pueblos originarios.
- Incluir la democracia paritaria como definición de principios
- Dejar el estado social y democrático de derechos como la principal definición constitucional
- Definir la edad para convertirse en ciudadano (discusión de 18 versus 16 años)
- Definir la exigibilidad de los derechos sociales
- Explicitar la provisión mixta estado-privados en seguridad social
- Potencial inclusión del concepto de “justicia ambiental”
- Inclusión de otros derechos: al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico, derechos sexuales y reproductivos o el derecho a quien está por nacer.
ECONOMÍA
La semana en el ámbito económico estará marcada por las discusiones del Senado en materia previsional, además de nuevos análisis por parte del mercado tras una semana protagonizada por el alza de 1,1% en el IPC de marzo y las proyecciones del Banco Central de que la economía podría expandirse hasta un 0,5% este 2023. Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumuló 11,1% de aumento en los últimos doce meses y una reducción en los salarios de 0,7%, acumulando 17 meses de caídas consecutivas.
En este contexto, los próximos días el Congreso discutirá los detalles del cierre de la Comisión Técnica de Pensiones y sexto retiro. En este sentido, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, entrevistada por El Mercurio advirtió los costos que tendría para el país legislar un nuevo retiro de fondos previsionales y los eventuales efectos en materia fiscal. A juicio de Costa «Un retiro sería tremendamente costoso, más aún cuando tenemos escenarios de riesgo relevantes, en lo que se debiera hacer es generar colchones de respaldo, no lo contrario«. Esto, pues «la evidencia histórica nos indica que un retiro tiene un efecto sobre la demanda y un impacto inflacionario muy fuerte y prolongado. Además, en este caso, se instalaría una inflación que ya está muy alta y ha perdurado mucho tiempo. Entonces, sin duda es un escenario muy distinto y más complejo aún», enfatizó.
En tanto, tal y como ha sido la tónica los últimos meses, los datos de comercio exterior siguen mejorando. De acuerdo con la información publicada por el Banco Central, la balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 2.906 millones en marzo de 2023 -el más alto desde los US$3.019 millones en abril de 2007-, frente al saldo positivo por US$ 341 millones en el mismo mes del año pasado. Por otro lado, en marzo también se contabilizaron US$ 9.762 millones FOB en exportaciones, lo que significa un alza de 13,1% respecto con el mismo periodo de 2022 y un aumento de US$ 1.423 millones FOB frente al mes anterior. Cabe destacar que los resultados vienen de la mano de la minería, que representó más de la mitad de los bienes que se vendieron afuera, traducidos en US$ 5.883 millones FOB.
Mientras, en el sector inmobiliario, también según datos del Banco Central presentados este lunes, la tasa promedio de créditos hipotecarios se mantuvo estable en marzo de 2023. En detalle, el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras presentado por el ente rector apuntó que, en el tercer mes del año, la tasa de interés para préstamos de vivienda se situó en 4,3%, manteniéndose en niveles similares a los registrados en febrero. Por otro lado, la tasa de interés de los préstamos de consumo disminuyó a 27,7% en marzo de 2023, frente al 29,4% de febrero. Se trata de la primera baja desde octubre de 2022.
Asimismo, el Banco Central también publicó preocupantes datos respecto al mercado laboral. Y es que el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) elaborado por el organismo experimentó una baja de 44,1% en marzo comparado con igual mes de 2022. Se trata de un descenso algo menor que el 45% observado en febrero, sin embargo, este desempeño del indicador que se basa en la información proporcionada por los principales portales de avisos de empleo fue parte de una caída en el trimestre que se elevó hasta 42,6% frente al mismo lapso de 2022, la cual dista del aumento de 23% verificado hace doce meses.
En el ámbito cambiario, El dólar inició la semana mostrando claras alzas en su apertura; y cotizando, en promedio, $822,81 la mañana de este lunes
SALUD
La segunda semana de abril, estará enfocada en los resultados que tendrá la implementación de un plan piloto que iniciaron las autoridades sanitarias enfocado en universalizar el ámbito de la salud. Uno de los principales criterios que se fijaron para seleccionar las zonas fue que el porcentaje de inscritos de Fonasa estuviera debajo de la media nacional. El plan piloto se realizó en las comunas de Canela, La Cruz, Renca, Alhué, Coltauco, Linares y Perquenco. Cabe destacar que la universalización se iniciará con una estrategia de implementación de planes piloto en algunas comunas, para luego escalar al resto del país, pues la meta es que todas las personas -independiente del tipo de aseguramiento que tengan- puedan tener acceso a la atención primaria.
El mencionado plan comenzó el pasado 14 de julio con la presentación por la exministra Begoña Yarza del Consejo Nacional para la Universalización de la Atención Primaria. Este organismo está compuesto por un comité sanitario de alto nivel, conformado por exministros de salud y un comité político-social que reúne a representantes del poder legislativo, academia, trabajadores de la salud, y organizaciones de personas usuarias del sistema. El principal objetivo era comenzar los cimientos de una nueva reforma de salud.
Otro de los temas que será de importancia es el caso Isapres dado que los expertos del área de salud insisten que existe una falta de voluntad política para dar solución a este tema e implementar el fallo de la Corte Suprema. Esto, porque han pasado más de cuatro meses desde la resolución que obligó a las Isapres a aplicar una tabla única de factores para todos sus afiliados y devolver los cobros que pudieran haberse generado en exceso desde abril de 2020, situación que podría generar un desequilibrio del sistema de aseguramiento privado y, por ende, una crisis de todo el sistema de salud. Desde entonces, el Ministerio de Salud, junto a la Superintendencia de Salud, ha coordinado el trabajo en búsqueda de una aplicación de la resolución judicial que no ocasione un colapso sistémico que afecte a los afiliados. Sin embargo, faltan dos meses para que venza el plazo que dio el máximo tribunal para dar cumplimiento al fallo y las dudas siguen siendo casi las mismas que al comienzo.
Hace algunos días, la ministra Ximena Aguilera, aseguró que el proyecto de ley no será ingresado esta semana, como se había comprometido. Y a eso se suma que la cartera aún no ha señalado cuál será la metodología de cálculo para la devolución de cobros en exceso, luego de que una estimación preliminar la estableciera en cerca de US$ 1.400 millones, cifra que transversalmente ha sido catalogada como inviable. Por lo tanto, se espera que durante la semana las autoridades sanitarias informen qué pasará finalmente con la moción en cuanto a su ingreso y contenidos del proyecto de ley corta.
Por último, el foco en salud estará en cómo enfrentará el Ministerio de Salud el aumento de la circulación de virus respiratorios y las bajas tasas de vacunación que persisten a la fecha. El fenómeno se repite en todo el país, de acuerdo a datos del Instituto de Salud Pública (ISP), en las primeras 12 semanas del año se detectó cuatro veces más casos que los registrados previos a la pandemia de covid-19. Los expertos aún mantienen su crítica en cuanto a que las autoridades sanitarias no han reforzado debidamente el llamado a vacunarse y la importancia de la comunicación de riesgo para la prevención y reducción de los índices de contagio.
Con relación a la actividad legislativa para esta semana, en la Comisión de Salud del Senado la atención se centrará en la citación al superintendente de Salud, Víctor Torres, para abordar la crisis de las Isapres, pero especialmente, a las personas con hospitalización domiciliaria. En tanto, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el foco estará en continuar con la tramitación del proyecto que busca establecer la obligación de las Isapres para informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes. La instancia se retoma dado que la semana pasada no se abordó el proyecto de ley.