| A continuación, les detallamos una revisión y proyección de la situación que afecta a Chile esta semana: Analistas de todos los sectores coinciden en que el estallido social que comenzó como una iniciativa de los secundarios para evadir el alza del pasaje del Transantiago tomó por sorpresa al Gobierno de Sebastián Piñera. El pasar de las horas y los hechos que se han sucedido desde la tarde del viernes, cuando comenzó todo, han mostrado que las protestas contra el aumento de la tarifa se convirtió en un vehículo para canalizar otra serie de demandas sociales mucho más profundas. En ese sentido, este llamado estudiantil, viralizado como “meme” a través de redes sociales, permitió poner en la discusión pública, bajo el gran paraguas del malestar por la desigualdad, temas como las bajas pensiones, el cada vez más alto precio y difícil acceso a los medicamentos, el endeudamiento, las carencias críticas de la salud pública y los inalcanzables valores de la privada, la seguridad ciudadana, la precariedad del empleo y también una desconformidad transversal con la clase política y la forma en la que está dirigiendo los destinos del país. Y, en esto último, no hay excepciones. Se trata de una demanda social inorgánica, convocada exitosamente gracias al alcance de las redes sociales, que no tiene un liderazgo visible. Y quizá es eso lo que complica mucho más la posibilidad de una pronta solución: no hay un liderazgo visible y claro con quién negociar. El Gobierno enfrenta la peor crisis social desde la vuelta a la democracia. La violencia desatada en las calles debido al vandalismo, que ha opacado las mayoritarias manifestaciones pacíficas que involucra a chilenos de todos los estratos sociales, hizo que el Ejecutivo decidiera imponer un estado de excepción, a través de toque de queda en las principales ciudades del país, por primera vez desde 1987. Y, desde el sábado, los chilenos han vuelto a ver a los militares en la calle, pues la ley los mandata a mantener el orden público con su presencia en la comunidad, con facultades especiales que le consagra la ley, limitando las libertades personales incluso con toques de queda que abarcan desde Arica a Punta Arenas. En La Moneda, tras críticas horas de silencio el viernes por la noche, se tomó la decisión de declarar Estado de Emergencia y, desde ahí en adelante, desde el punto de vista de las comunicaciones, es posible constatar que la estrategia ha sido focalizar las vocerías en destacar la violencia, en condenar los hechos delictuales y, con menos fuerza, en decir que la autoridad ha escuchado el mensaje de la ciudadanía y que comparte sus demandas. En tres apariciones públicas, el Presidente Sebastián Piñera ha seguido ese guion, del que no logra salirse, utilizando concetos como “estamos en una guerra” contra la violencia, lo cual no ha sido bien recibido por quienes sienten que justamente esa es la terminología que genera rechazo al Gobierno y a su gestión. Los temas más tácticos, como medidas, catastros y anuncios menores, han estado a cargo de los ministros sectoriales, como Transportes, Obras Públicas, Educación, Hacienda, Economía y Desarrollo Social, y también en boca de la vocera, quién, en una acción inédita, se ha entrampado en discusiones 1:1 con los periodistas, quienes la han puesto en jaque con preguntas que aún esperan respuestas. Y los anuncios sobre los estados de excepción, siempre a cargo del jefe de la Defensa Nacional. En medio del caos, la oposición no logra rearmarse. Sus parlamentarios terminaron en una discusión en la Cámara de Diputados al momento de votar el proyecto enviado por el Ejecutivo para impedir el alza del transporte público, iniciativa que aún espera el visto bueno del Senado. A pesar de que los presidentes de ambas cámaras y de la Corte Suprema concurrieron a La Moneda invitados por el Presidente para mostrar unidad frente a la crisis, la cita no tuvo respuesta por parte de la ciudadanía que se manifiesta en las calles. Y así como las protestas no tienen un liderazgo, la oposición tampoco, al igual que los dirigentes sociales, que, en un marco de organizaciones gremiales debilitadas, no han podido erigirse como quienes puedan abrir un espacio de diálogo. Inesperadamente, para muchos, ha sido un militar quien emerge, de manera silenciosa pero bastante efectiva, como un posible gestor de la pacificación de la situación: el general de Ejército Javier Iturriaga, jefe de la Defensa Nacional y quien ha mostrado un tono, empatía y cercanía que muchos esperaban de La Moneda y no de un uniformado. De hecho, el encargado de hacer cumplir el estado de excepción, antes jefe de doctrina y educación del Ejército, ha puesto su impronta de serenidad en los efectivos que han estado en la calle dialogando con la ciudadanía, como muestran decenas de registros en las redes sociales. Mientras en la tarde de este lunes miles de personas vuelven a reunirse en Plaza Baquedano como no se veía desde la llamada “Revolución Pingüina” de 2011 y se confirma que el toque de queda en la Región Metropolitana comenzará a las 20 horas, el silencioso testigo de lo que ha ocurrido es el Metro de Santiago, uno de los principales orgullos de los habitantes de la capital, que, en pocas horas, perdió 40 años de impecable historia de buen servicio y modernidad, con 20 estaciones completamente destruidas, 41 gravemente vandalizadas y más de 300 millones de dólares en pérdidas. Por primera vez en su historia, fue suspendido durante el fin de semana y este lunes, a duras penas, pudo operar solo en una de sus siete líneas. Para las próximas horas, es incierto lo que se puede esperar. Hay quienes especulan con un cambio de gabinete ministerial y el anuncio de un paquete de medidas concretas en materia social, pero, si se toma en cuenta el tono con el que ha comunicado el Gobierno en estas horas críticas, esta opción se ve como poco viable. Y mientras el mundo mira con estupor lo que está pasando en el país que el propio Presidente Sebastián Piñera había definido como un “oasis” en América Latina, la alta política se pregunta cuán viable es que Chile sea, en estas condiciones, un buen anfitrión para la COP25 y para la cumbre de la APEC que se realizarán en noviembre y diciembre, aunque desde La Moneda se ha insistido en que no hay cuestionamientos sobre su realización. ECONOMÍA Ciertamente, la economía chilena ha sido duramente golpeada por los últimos acontecimientos. El retail es uno de los sectores más afectados por la crisis social y política que afecta a Chile desde la noche del pasado viernes. Esta mañana, la Bolsa de Santiago vivió una jornada pocas veces vista: el IPSA, índice de precio de acciones que agrupa a las mayores 30 empresas del mercado, experimentó una caída de 5%, la peor cifra desde el 17 de octubre de 2017. Bloomberg confirmó que se destruyeron cerca de US$ 7.800 millones en patrimonio bursátil en la sesión de este lunes, el primer día hábil tras las manifestaciones del fin de semana. En el área del retail, SMU lideró las pérdidas en esa industria con una caída de 7,41%. Ripley se derrumbó 7,12%, Falabella 7,03%, mientras que Cencosud bajó 5,62%. Copec, el mayor conglomerado industrial del país, muestra una caída de 4,75%. Por ello, el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, adelantó que un escenario así sería posible. “Los inversionistas que son menos tolerantes al riesgo, posiblemente se van a retirar” y confirmó que se resolvió anticipar el cierre del mercado este lunes y mañana martes. Hasta ayer, solo las tiendas operadas por Walmart que habían sido vandalizadas sumaban 125, por lo que cerró todos sus locales en la Región Metropolitana, Falabella, en tanto, reportó un total de siete tiendas saqueadas. En el caso de Cencosud, se reportaron diversos incidentes en algunos locales de la compañía, que opera marcas como Jumbo, Easy y Santa Isabel, y sus malls. Para hoy anunciaron que no abrirá ninguno de sus centros comerciales en el país. En cuanto a SMU, el balance es de 88 locales, de los distintos formatos, que se han visto afectados por saqueos y destrozos en varias ciudades del país: 45 locales Unimarc saqueados, tres de los cuales resultaron completamente incendiados; 19 tiendas Mayorista10 con robos y una quemada; 14 Alvi saqueados y 9 OK Market en la misma condición. Varios gremios han anunciado paralizaciones totales a contar de hoy, como camioneros, portuarios y empleados municipales, en apoyo de las demandas. Faltan días, pero claramente habrá un importante impacto en el empleo y en la inversión, lo que complica la ya estrecha cifra de crecimiento proyectada para el año antes del caos: con suerte un 3%. SALUD La semana estará marcada por un paro nacional de funcionarios de la Salud, que acaba de ser confirmado, mientras en la Región Metropolitana y las principales del país continúan las manifestaciones iniciadas la semana pasada y que, entre otros temas, se incluye el descontento de la ciudadanía por el alto costo de los medicamentos, los problemas de abastecimiento y de atenciones de salud en la red pública, además de las alzas en la prima del GES y de los planes de salud en las isapres. Hasta el momento, el Gobierno no se ha referido a esta problemática ni a la forma en que abordará estas demandas. Este lunes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, entregó un balance de la situación en el área de salud. En lo principal, 239 consultas derivadas por la actual coyuntura, con 52 hospitalizados, 8 personas en riesgo vital y 2 fallecidos. El secretario de Estado informó que hubo intentos de tomarse los hospitales durante este fin de semana, sin embargo, afirmó que toda la red de salud está totalmente habilitada para el uso de todas las personas. En Fonasa dijo que hay seis oficinas que no están operativas y 26 funcionando más la red digital para trámites como bonos. En la noche del domingo, hubo daños en el Hospital El Pino, Sótero del Río y Hospital de Chillán. Planteó que hay farmacias destruidas pertenecientes a cadenas y también independientes, aunque también hay sucursales que están operando. Desde el ámbito legislativo en la agenda de esta semana está una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, agendada para el martes 22, para continuar la discusión y votación del proyecto de ley de Fármacos II. Por su parte, su par en el Senado, espera igualmente este martes continuar con la tramitación del proyecto de ley que modifica a las isapres. EDUCACIÓN La ministra de Educación ha sido una de las principales voceras en La Moneda. Y aunque su discurso, como el de todos los ministros, ha estado focalizado en condenar la violencia y denunciar los desmanes, ha sido la encargada de confirmar la suspensión de clases en la educación pública y privada y también que la educación superior está tomando sus propias decisiones, lo que se ha traducido en la casi total cancelación de clases en todo el país, al menos por este lunes y martes. |
