Por Fernando Valdés, director de cuentas de asuntos públicos de Strategika
Diversos sectores industriales de nuestro país (minería, forestal, construcción, energía, etc), realizan lo que se conoce como “charla de 5 minutos o el derecho a saber”, instancia en la cual el empleador tiene la obligación de informar a sus trabajadores respecto de los riesgos que implican sus labores, cuáles son las medidas preventivas y la manera de ejecutar correctamente el trabajo.
Esta acción de transparencia sirve para potenciar la confianza entre las partes, ya sean empresas, comunidades, empleados u otros.
Un concepto similar debiera asociarse a cualquier iniciativa que a lo largo de su desarrollo involucre a alguna comunidad. Todos tenemos derecho a conocer aquella información relativa a un proyecto que nos pueda afectar. No puede pasar que nos enteremos “por la prensa” que dicha iniciativa ya fue aprobada por las autoridades de turno y que está lista para ser ejecutada. O que las medidas de mitigación y de apoyo se hayan convenido en “la cocina”. En esta era digital la transparencia en los negocios también es algo tangible. Por una u otra vía, todo termina sabiéndose. Y lo menos sano para todos es el surgimiento de la rumorología. Recomponer las confianzas en un trabajo de largo aliento y muchas veces el tiempo no alcanza para tanto.
Son los desarrolladores (empresas) los llamados a incorporar este tipo de iniciativas en la planificación y gantt de sus proyectos. Debe ser una actividad voluntaria dirigida a mejorar las relaciones con la comunidad cercana al tiempo de fortalecer la imagen corporativa. Bien aplicada esta herramienta, sumado a las instancias de diálogo, ayudan a mejorar la cercanía con las comunidades, fomentando la confianza y generando lazos de mutua cooperación.
Poco a poco hemos visto sectores como las energías renovables y algunas empresas mineras han entendido este punto y desde el inicio de sus proyectos han incorporado el factor de transparencia de la información con sus comunidades. Esto es una buena noticia, pero aún falta, queda mucho por avanzar. Estas materias no deben ser consideradas un gasto sino más bien una inversión que evitará problemas a futuro.
Una comunidad tomada en cuenta es el mejor aliado que un proyecto pudiese tener. Se empoderan y actúan en pro del desarrollo. Quieren ser parte de él. Lo importante es que no solo sean escuchadas, también, resguardando la viabilidad del proyecto, deben ser escuchadas.
Por su parte, las comunidades deben actuar de manera organizada y responsable. La unidad hace la diferencia ya que si lo hacen de manera atomizada la capacidad negociadora se diluye y termina imponiéndose la voluntad de unos pocos por sobre el bien común.
Finalmente, las autoridades deben velar porque las reglas están desde un comienzo claras para las partes involucradas. En su rol supervisor y fiscalizador, serán los encargados de velar por el cumplimiento de los procesos que aseguren una correcta realización y entendimiento del proyecto, así como de actuar como mediadores en caso de ser necesario.
Lo que nos debe quedar claro es que tanto los beneficios como los costos de los avances y del camino que estamos siguiendo para lograr el desarrollo, deben ser asumidos de manera pareja por todos quienes vivimos en Chile y no que existan algunos beneficiados por sobre otros.