A continuación, les explicamos los hechos más relevantes de la semana:

POLÍTICA

Llegado el último día de julio, el gobierno aún no puede dominar los coletazos políticos del Caso Fundaciones. No solo porque las denuncias continúan, sino por la incapacidad de la administración de llegar a una estrategia político-legal que le permita tener claro la magnitud del problema e implementar las medidas correspondientes para investigar y reformar, mientras continúan las investigaciones policiales.

En este sentido, uno de los problemas políticos más relevantes es que La Moneda no ha logrado ordenar su propia coalición y lograr que Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad lleguen a un acuerdo. Como Revolución Democrática ha evitado tomar decisiones para solucionar el problema, ha generado un problema a sus socios del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes, si bien se han mostrado críticos frente a este partido, tampoco han sido proactivos por temor a continuar perdiendo influencia en la Moneda frente a Socialismo Democrático. La coalición que agrupa al PS, PPD, PRSD, en tanto, ha tratado de aislar el problema en sus socios -como una forma de defender a uno de sus históricos, Carlos Montes- y ha desplegado una dura ofensiva contra RD, que ha sido liderada por parlamentarios como el senador PS Juan Luis Castro. Como parte de su estrategia, sus ministros claves -Interior, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda- han tratado de mantenerse al margen, administrando la crisis, pero evitando jugar su capital político en este problema.

Debido a esta mezcla de intereses al interior del gobierno, para tratar de evitar los constantes desencuentros entre ambos grupos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha sido el encargado por La Moneda de representar la posición gubernamental, considerando sus habilidades de negociador. Pero a pesar de ello, sus declaraciones y acciones han continuado generado problemas ya que, si bien, se ha jugado por aislar el problema judicial y la eventual corrupción en pocas fundaciones, no ha podido disminuir las críticas transversales sobre las faltas éticas y la falta de habilidad/capacidad de Apruebo Dignidad para gobernar y que ello afecte la percepción sobre el gobierno y el Presidente Boric.

Debido a todos estos problemas, la agenda legislativa del gobierno está cada vez más complicada. Frente a la posición anti-acuerdos de la UDI -por el caso convenios y por su foco en Giorgio Jackson- y al progresivo endurecimiento de RN -quien está detrás de Carlos Montes- las opciones de promover el pacto fiscal o la reforma de pensiones en el corto plazo se están haciendo cada vez más complejas. Por lo mismo, la estrategia gubernamental es poder aprovechar la alianza táctica que se dio con el pacto administrativo para la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que concluyó con un DC en la presidencia, como la base para tener acuerdos que permitan atraer a descolgados y partidos pequeños. En este sentido, la conformación de ambas cámaras del Congreso hoy tiene actores pequeños pero que pueden inclinar la balanza en votaciones estrechas, como se notó, por ejemplo, en el rechazo a la reforma tributaria o en el rechazo a la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Entre estos actores se encuentran la DC, Amarillos y los descolgados del PDG.

Considerando todas estas situaciones, el gobierno suspendió hoy el comité político ampliado -que tradicionalmente se realiza los lunes-, ya que el miércoles se realizará el cónclave trimestral en Cerro Castillo. En esta reunión, a la que asiste el comité político, los presidentes y jefes de bancadas de partidos de gobierno y los presidentes de las comisiones de Hacienda y Trabajo se debería fijar una estrategia de mediano plazo para abordar los desafíos políticos y legislativos.

En el frente legislativo, esta semana estará marcada por la negociación en el tema tributario y de pensiones. En el primer caso, se espera que hoy se ingrese el proyecto gubernamental, ya sea como un nuevo proyecto a través de la cámara o como una insistencia a través del Senado. En el caso de las pensiones, si bien aún no hay nuevas indicaciones al proyecto ya ingresado, deben continuar la negociaciones.

PROCESO CONSTITUCIONAL

Como era esperable, al avanzar el proceso de discusión de las enmiendas, el buen ambiente inicial del Consejo ha tendido a crisparse. Aunque aún se mantienen las buenas formas, ya existen posiciones claras en disputa en temas valóricos y procedimentales. Es así como Unidad para Chile (pacto de partidos oficialistas) más el representante de pueblos originarios ingresaron un reclamo a la Corte Suprema que busca evitar que se agreguen nuevos capítulos al anteproyecto, como fue planteado por la alianza de Republicanos y Chile Vamos en las enmiendas. El recurso plantea que la incorporación contraviene el artículo 153 de la Constitución y las normas de procedimiento que impiden incluir nuevos acápites al texto aprobado por la Comisión Experta. El recurso debe ser alegado en el corto plazo.

Es importante recordar que dentro de las indicaciones planteadas por la oposición -que tiene mayoría absoluta en el Consejo Constitucional- pretenden crear tres nuevos capítulos: “Defensa Nacional” (planteado por Republicanos y Chile Vamos) que contenga las normas de las FFAA, de Orden y Seguridad, dándoles rango constitucional a estas instituciones; crear un capítulo sobre seguridad pública que se llame “Paz, orden y seguridad interior” (Republicanos) o “Seguridad pública” (Chile Vamos); “Defensoría de las víctimas”, presentado por RN y Evópoli.

Junto a esta ofensiva, el oficialismo también ha intentado desplegar negociaciones de diferente tipo -a través de una mesa de diálogo- con el bloque mayoritario que permitan actuar ejecutivamente en temas que tengan apoyo transversal. Esto le permitiría enfocar las negociaciones en temas complejos en un espacio de buena voluntad que le permita sobreponerse a la mayoría incontestable de la oposición y, por otro lado, evitar que los votantes continúen perdiendo interés en el proceso.

ECONOMÍA

En economía, la semana estará marcada principalmente por la forma en la que avancen los acuerdos políticos que impulsa el gobierno, sobre todo en cuanto al pacto fiscal y a la reforma de pensiones, partiendo por la presentación, hoy lunes, de la renovada propuesta de reforma tributaria que hará el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para destrabar la discusión tributaria en el Senado y justo en el día límite del plazo autoimpuesto por el gobierno para la presentación de este proyecto de ley-estrategia. Esto, luego de que el 8 de marzo pasado la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar el proyecto con la que el gobierno pretendía recaudar en torno a cuatro puntos del PIB, bloqueando su avance y poniendo en jaque el financiamiento del programa de la actual administración del presidente Boric.

De esta forma se espera que la crispación política generada en torno a una eventual alza de impuestos -sumado a distintas condicionantes que ha impuesto la oposición- se comience a disolver luego de las más de 30 reuniones que ha tenido el ministro Marcel en las últimas semanas para tratar de buscar consensos. Incluso, el fin de semana el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, comentó que el titular de Hacienda “nos fue entregando medidas que se hicieron cargo de lo que pedíamos” (luego de entregarle al ministro más de 40 propuestas bajo tres ejes: reimpulso económico, crecimiento de mediano y largo plazo).

Por lo tanto, esta vez se espera un avance más fluido del proyecto y del debate, probablemente ahora más enfocado en abordar los otros problemas que arrastra la economía chilena, como la inversión y el crecimiento. De hecho, el nuevo pacto fiscal de Marcel recoge este conjunto de propuestas y las enfocada en seis áreas: principios para un sistema tributario moderno; necesidades y prioridades de gasto; reforma del Estado, eficiencia y transparencia; modificaciones al proyecto rechazado en la Cámara de Diputados; aporte al crecimiento, y seguimiento y evaluación del pacto.

A que haya mayor fluidez en la negociación en el parlamento, puede también aportar la decisión tomada el viernes pasado por el Banco Central de iniciar el proceso de baja de tasas de política monetaria (TPM) con un agresivo recorte de 100 puntos base, llevando el tipo rector de 11,25% a 10,25%, siendo la primera reducción desde marzo de 2020 y la mayor en 14 años.

De hecho, el optimismo a nivel económico -y por lo tanto para las reformas- seguirá también por las declaraciones del fin de semana de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en cuanto a que “la tasa de política monetaria se reduciría algo más de lo considerado, en torno a 7,75% y 8% a fines de año”, y que la inflación sí se ubicará a fin de año por debajo del 4,2% que proyectaban en el Informe de Política Monetaria de junio.

Sin embargo, Rosanna Costa también tocó un tema que seguirá causando preocupación en el aspecto laboral, y es que el 8,5% de desempleo a nivel nacional durante el segundo trimestre de este año, revelado el viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), significó la octava alza anual consecutiva en desempleo -con un aumento de 0,7 puntos porcentuales en los últimos 12 meses- y se espera que la estadística se agudice en los siguientes meses, por lo que el tema también será un insumo a la discusión política de la semana en torno a las distintas reformas.

A pesar del estancamiento en la creación de empleo, la tasa de desocupación se mantuvo en el mismo 8,5% en el trimestre móvil abril-junio que hubo al cierre de mayo (apenas por debajo de las proyecciones del mercado: 8,6%), lo que sumado al optimismo por la incidencia en la actividad económica en el corto plazo que tendrá la reducción de la TPM, podría estimular la actividad económica para el segundo semestre y por tanto mejoraría el dinamismo del mercado laboral, además de suavizar las tasas de los créditos de consumo, según pronostican los economistas.

Pero otro tema que representará un importante insumo al debate económico de las próximas semanas, tiene relación con el nuevo Informe de Ejecución que elabora la Dirección de Presupuestos (Dipres), que en junio registró un alza real de 6,9% en el gasto del Gobierno Central Presupuestario (respecto al mismo período de 2022), al alcanzar $ 34.017.326 millones -unos US$ 42.000 millones-. Es decir, el gasto de capital (que involucra la inversión y las transferencias de capital) creció un 11% el primer semestre, en medio de la caída de los ingresos, ya que hubo una menor recaudación del Impuesto a la Renta y del IVA. Como contraparte, se constataron alzas por los contratos de explotación de litio.

En este contexto, otra reducción estadística dada a conocer hoy por el INE y que será parte del debate en los próximos días, es la del Índice de Producción Industrial (IPI) de junio de 2023, cifra que por quinta vez consecutiva disminuyó y esta vez mostró un 2,7% menos que hace doce meses atrás – -menor a la baja de 4,5% anotada el mes pasado-, debido a la incidencia negativa de los tres sectores que lo componen. El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) fue el que más determinó el resultado, al decrecer 5,2%. El Índice de Producción Minera (IPMin) se contrajo 0,4% respecto a igual mes del año anterior, y el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) se redujo 0,9%. El Índice de Actividad del Comercio (IAC) anotó una disminución interanual de 7,9%.

Pero en cuanto al consumo, el Índice de Percepción de la Economía, que mide Gfk Adimark, registró un alza mensual en la confianza de los consumidores de 0,6 puntos y se ubicó en 30,2 unidades, elevándose por cuarto mes consecutivo, siendo este su mejor valor desde marzo del año pasado. Sin embargo, pese a la mejoría, se encamina a completar cinco años por debajo del nivel neutral, por lo que sigue en terreno pesimista.

Otro tema que será parte del debate económico tiene que ver con la reciente presentación de los resultados de la Encuesta Casen 2022, y en los cuales Chile registró el menor nivel de pobreza por ingreso desde que comenzó a medirse la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), en 1990, pasando de un 10,7% en 2020 a un nivel de 6,5% de su población en 2022 (la pobreza multidimensional fue de 16,9%. De hecho, esta mañana el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, lideraba la primera sesión del comité interministerial que tendrá como función asesorar al Presidente Boric en la determinación de los lineamientos de la política social del Gobierno (Ministerios de Hacienda, Segpres, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, de la Mujer y Ciencia).

Otro tema que será noticia esta semana, será la publicación de los resultados de la Mesa para el Avance de la Electromovilidad, «que contó con la participación de diversos actores del mercado» y para lo cual el ministro de Energía, Diego Pardow, ha estado trabajando desde diciembre pasado para analizar el tema: “Se trata de una hoja de ruta que incluye «algunas medidas como las que se impulsan en Europa; instalación de más puntos de carga en las carreteras y el despliegue de infraestructura de carga pública en los principales centros urbanos del país».
• En Chile la red pública para vehículos eléctricos cuenta con 916 puntos de carga y 2.138 cargadores, de los cuales 768 se ubican entre la Región de Valparaíso y la Región del Maule.
El dólar, por su parte, abrió con una fuerte alza esta mañana tras el primer recorte de la TPM en Chile, y mirando de cerca los $840 pesos. De esta forma, la tasa de cambio anotaba un incremento de $8,43, ubicándose en puntas de $837,77 vendedor y $837,48 comprador, siendo su mayor nivel desde enero de este año, cuando tocó los $841

SALUD

Durante la presente semana el sector salud estará enfocado en lo que sucederá con la situación de las listas de espera, desafío sanitario a mediano plazo que enfrenta el Ministerio de Salud por mandato del Presidente Boric, porque durante las últimas semanas se dio a conocer que de acuerdo a un reciente informe del Ministerio de Salud un total de 10.477 fallecieron esperando una atención durante el primer cuatrimestre del 2023. De ellas, 9.139 esperaban una consulta médica, 648 odontológica y 660, quirúrgica. Ante esta compleja realidad, se espera que durante agosto las autoridades intervengan para dar solución a los pacientes cuyo promedio de espera para consultas de nueva especialidad es de 257 días, con un total de 2.259.328 registros. Por otro lado, se contabilizan 302.267 intervenciones quirúrgicas aún no realizadas, con una mediana pendiente de 326 días.

Sumado a lo anterior, un nuevo informe del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS UDD), en base a la revisión de la información del Ministerio de Salud entre marzo y abril de 2023, registró que hubo un aumento en 11,1% de las prestaciones GES retrasadas relacionadas con cáncer, pasando de 14.191 a 15.776. Se trata de una fuerte alza en tan solo un mes, considerando que, por ejemplo, entre 2021 y 2022 se observó un incremento de 33%. Es importante destacar que, según especialistas, el cáncer es una de las enfermedades para las que la oportunidad de atención tiene un mayor impacto en el resultado del tratamiento y la esperanza de recuperación del paciente, y actualmente es la primera causa de muerte en el país. Lo preocupante es que el incremento en los retrasos de las garantías GES en esta patología se ha venido registrando de manera sostenida, desde la llegada de la pandemia de covid-19.

Otro de los temas que marcará la semana es lo que sucederá con la tramitación del proyecto de ley que busca regular a las Isapres y sobre todo, ejecutar el fallo de la Corte Suprema que aún no se ha aplicado, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de éstas y también el reembolso por el alza de los planes de los afiliados. Por lo pronto, y tal como lo viene haciendo desde comienzos de julio, el «Comité Técnico de Expertos» -integrado por los ministerios de Salud y Hacienda, Fonasa, asesores parlamentarios, la Asociación de Isapres, Clínicas de Chile y expertos de universidades y centros de investigación- seguirá reuniéndose dos veces por semana hasta el 10 de agosto para explorar fórmulas que permitan a las aseguradoras cumplir con el fallo judicial que las obliga a devolver dinero a sus cotizantes por no utilizar la tabla única de factores.

Cabe mencionar, que en el 2022 las aseguradoras registraron la mayor salida de beneficiarios (la suma de cotizantes y cargas) en más de dos décadas: el año cerró con 3.076.622 afiliados, un 5,3% menos que la cifra de 2021 (3.249.997), según los datos que consolida la Superintendencia de Salud. Así, en los doce meses terminados en diciembre del año pasado se fueron 173 mil afiliados del sistema, convirtiéndose en la mayor baja interanual desde el 2000, cayendo a su menor nivel de beneficiarios desde 2012. Pero la migración ha seguido y a pasos acelerados. Sólo al cierre del primer semestre se superó la fuga total de afiliados que hubo durante todo el año pasado, llegando a casi 10 mil personas. De hecho, ese período se consolida como el que ha tenido la mayor salida de afiliados desde que hay registro. Durante esta semana continuará el proceso legislativo de la Ley Corta en el Senado para buscar la mejor manera de ejecutar el fallo de la Corte Suprema.

Por último, la semana continuará marcada con lo que sucederá con los virus respiratorios ya que se proyecta un posible aumento en los contagios dado el inicio de la jornada escolar y universitaria, y para lo cual las autoridades sanitarias se encuentran evaluando los requerimientos ante una posible alza.

Con relación a la actividad legislativa en la Comisión de Salud del Senado el trabajo legislativo se enfocará en el estado actual de la Ley Ricarte Soto, la reforma al sistema de FONASA y el plan nacional de cáncer.

En tanto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analizará el caso de los niños y niñas con atrofia muscular.

El calendario de inmunización contra el COVID-19 para esta semana es el siguiente:

  • Semana del 31 de julio: primera dosis a personas de 3 o más años, con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponda de acuerdo con la edad y disponibilidad.
  • También en la semana se colocará la 2ª dosis a la población vacunada con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, con al menos 28 días desde la 1ª dosis y continúa la vacunación a mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo.
    Calendario de Vacunación COVID-19 | 1era Dosis de Refuerzo:
  • Semana del 31 de julio: personas que hayan recibido su dosis previa hace 4 meses o más.
    Calendario de Vacunación COVID-19 | 2da Dosis de Refuerzo/ Cuarta Dosis:
  • Semana del 31 de julio: personas que hayan recibido su dosis previa hace 5 meses o más.
    Calendario de Vacunación COVID-19 | Dosis Bivalente:
  • Semana del 31 de julio: personas que hayan recibido su dosis previa hace 6 meses o más.